Protección emocional, defensa jurídica y reinserción
En una sesión extraordinaria, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un conjunto de dictámenes orientados a reforzar la protección emocional de menores, mejorar la defensa jurídica del Estado y fortalecer la resocialización de internos. La jornada incluyó además el envío de otros proyectos a cuarto intermedio para un análisis más profundo. Las medidas forman parte del paquete legislativo con el que el Parlamento busca modernizar áreas críticas del sistema judicial y penitenciario en el país.
El debate se desarrolló con intervenciones de diversos congresistas que destacaron la urgencia de tutelar a niñas, niños y adolescentes expuestos a conflictos familiares, así como brindar herramientas efectivas para que personas excarceladas puedan reinsertarse en el mercado laboral. ¿Cómo impactarán estas propuestas en los procesos judiciales y en la seguridad ciudadana? ¿Qué ajustes prevé el Congreso para modernizar la Procuraduría General? Las iniciativas aprobadas permiten observar la ruta que seguirá la agenda legislativa en materia de justicia durante el 2025.
Evaluación psicológica para casos de riesgo emocional
Uno de los dictámenes aprobados corresponde al Proyecto de Ley 7693/2023-CR, impulsado por la congresista Magaly Ruiz (APP). La propuesta establece la evaluación psicológica especializada y la terapia familiar obligatoria cuando existan riesgos emocionales en procesos de divorcio, tenencia o régimen de visitas.
La norma plantea que estas evaluaciones no serán automáticas: solo podrán ser ordenadas por el juez cuando existan indicadores de afectación emocional, conflicto severo entre los progenitores o una eventual vulneración del bienestar del menor. Las intervenciones se ejecutarían mediante los servicios del MINSA u otras instituciones acreditadas, sin generar gasto público adicional.
Durante el debate, el congresista José Balcázar (PL) resaltó que muchas madres en situaciones de violencia o abandono enfrentan procesos judiciales sin acompañamiento psicológico, lo que afecta directamente a sus hijos. Este dictamen busca cerrar esa brecha. La pregunta central: ¿logrará esta medida reducir la exposición de los menores a entornos de conflicto y garantizar decisiones judiciales más equilibradas?
Programa de resocialización para excarcelados
Otro dictamen aprobado fue el Proyecto de Ley 8681/2024-CR, presentado por el congresista Waldemar Cerrón (PL), que declara de interés nacional la creación del Programa Nacional de Capacitación Industrial (PRONACIP). Este programa estará orientado a capacitar a personas liberadas o que cuenten con beneficios penitenciarios.
La iniciativa busca reducir los índices de reincidencia delictiva, atender una deuda pendiente en materia de resocialización y aportar directamente a la seguridad ciudadana. Experiencias internacionales citadas en la sesión muestran que la capacitación técnica disminuye la reincidencia a niveles “significativamente bajos”, permitiendo a los excarcelados reinsertarse formalmente en el mercado laboral.
PRONACIP contempla talleres de formación industrial que podrían articularse con el sector privado, atendiendo una demanda creciente por mano de obra calificada. La discusión de fondo gira alrededor de una interrogante clave: ¿está el Estado preparado para sostener un programa de reinserción de alcance nacional que pueda impactar estructuralmente en la criminalidad?
Reforma de la Procuraduría y fortalecimiento de la defensa del Estado
La comisión decidió enviar a cuarto intermedio el dictamen referente a los proyectos de ley que modifican el Decreto Legislativo 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y regula la Procuraduría General. La iniciativa, liderada por José Balcázar, apunta a la profesionalización de la carrera de procuradores, superar la acefalía subnacional y modernizar los mecanismos con los que el Estado defiende sus intereses en procesos judiciales.
Balcázar sostuvo que la propuesta requiere análisis más profundo, especialmente para evitar impactos en la autonomía e independencia del Ministerio Público y otras entidades esenciales. La revisión técnica se enfocará en responder una pregunta fundamental: ¿fortalece realmente el proyecto la capacidad defensiva del Estado o podría generar efectos contraproducentes?
Registro nacional de ganado y nueva ley de abogacía
También fue enviado a cuarto intermedio el dictamen que propone crear el Registro Nacional de Identificación de Animales Bovinos, Ovinos y Auquénidos (RENIABOA). La congresista Martha Moyano (FP) consideró que el proyecto debe ser evaluado por la Comisión Agraria, por tratarse de competencias propias del SENASA, entidad que ya administra sistemas de identificación ganadera.
La congresista Silvana Robles (Socialista), autora de una de las iniciativas, explicó que el objetivo es modernizar la trazabilidad animal y reforzar la lucha contra el abigeato mediante ajustes al Código Penal.
Finalmente, se dispuso también un cuarto intermedio para los proyectos que proponen la Ley de la Abogacía Peruana. Los congresistas Alex Paredes (SP) y Américo Gonza (PL) coincidieron en que se requiere un plazo adicional para recoger opiniones de colegios profesionales y entidades convocadas.