En la cuarta sesión ordinaria conjunta de las comisiones de la Mujer y de Justicia, los legisladores recibieron un completo informe sobre las políticas del Estado frente a la trata de personas, destacando la necesidad de reforzar la fiscalización y articular acciones interinstitucionales. La sesión, presidida por Milagros Jáuregui de Aguayo (RP) y Flavio Cruz (PL), reunió a parlamentarios y ministros encargados de la implementación de la Política Nacional contra la Trata de Personas al 2030 y la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana Ysa, informó que el país atiende un promedio de dos mil casos de trata de personas anualmente. Resaltó que, con apoyo de la Cancillería, se logró repatriar a seis connacionales víctimas de este delito en 2024 y cinco más en lo que va del 2025. “La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha reconocido al Perú como uno de los países de la región con planes sostenidos de acción”, declaró Arana Ysa en el marco del debate.
Alertas sobre explotación y nuevas modalidades de trata
Durante la sesión, la congresista Mery Infantes (FP) destacó la gravedad de los casos en Condorcanqui y propuso la creación de un centro de acogida en la zona para víctimas de trata. Por su parte, Alejandro Muñante (RP) solicitó reforzar la fiscalización parlamentaria y reconoció la necesidad de tipificar la modalidad de “vientres de alquiler” como una forma de trata de personas, planteando su inclusión dentro de la legislación vigente.
“Se estima que el Perú pierde cerca de 1,300 millones de dólares al año debido a este delito, de los cuales 700 millones corresponden a explotación laboral y 600 millones a explotación sexual”, alertó Muñante, anunciando además la presentación de una moción para crear una comisión especial de seguimiento.
Otros congresistas hicieron énfasis en la protección de los derechos de las comunidades afectadas. Pasión Dávila (BS) solicitó atención a los padres que marchan desde Cerro de Pasco hasta Lima exigiendo la descontaminación de la laguna Patarcocha, mientras Héctor Ventura (FP) reclamó mayores controles en las fronteras, especialmente en Tumbes, para evitar la infiltración de mafias dedicadas a la trata de personas.
Acciones del Estado frente a la trata de personas
El ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver Odias, detalló que la Policía Nacional ejecutó 124 campañas preventivas en colegios, municipalidades y espacios públicos, sensibilizando a 9,863 personas en regiones como Ucayali, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lima y Callao. Asimismo, informó que su sector brindó asistencia técnica a más de mil entidades subnacionales, logrando la constitución de 25 espacios regionales de coordinación.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, señaló que entre 2024 y 2025 su sector atendió a 157 víctimas en los Centros de Emergencia Mujer y Familia, mientras que 94 niñas, niños y adolescentes recibieron protección en Unidades de Protección Especial y 154 menores fueron acogidos en albergues residenciales del Inabif. Además, 405 personas recibieron acompañamiento integral. “El 99,5 % de los casos de trata reportados corresponden a mujeres, y de ellas, el 73 % son niñas y adolescentes”, enfatizó.
Capacitación y coordinación interinstitucional
Arana Ysa destacó que más de 3,600 funcionarios fueron capacitados en atención especializada en trata de personas y violencia de género, y 246 profesionales recibieron asistencia técnica para diseñar planes de reintegración individual. Subrayó que la estrategia nacional articula el trabajo de 16 entidades bajo la conducción del Ministerio del Interior, con tres objetivos principales: ampliar la vigilancia preventiva en zonas de riesgo, mejorar la persecución penal y fortalecer la atención e integración de las víctimas.
Otros ministerios también reportaron avances. El Ministerio de Trabajo atendió 248 solicitudes de autorización laboral para adolescentes; el Ministerio Público registró más de 2,600 denuncias en 2024, triplicó sus operaciones de prevención y aplicó técnicas especiales en 131 casos; el Poder Judicial resolvió 518 expedientes, superando en 270 % su meta; el Ministerio de Justicia brindó patrocinio legal gratuito a 687 víctimas; Migraciones atendió a 59 extranjeros, y Reniec restituyó la identidad a víctimas registradas.
Retos pendientes en la lucha contra la trata
A pesar de los avances, los congresistas coincidieron en que los retos siguen siendo complejos. La necesidad de fortalecer el control de fronteras, ampliar la protección de las víctimas, mejorar la fiscalización y promover la creación de centros especializados es clave para consolidar los logros del Estado.
Al cierre de la sesión, quedó claro que la lucha contra la trata de personas requiere un esfuerzo coordinado y sostenido entre el Ejecutivo, el Legislativo y las autoridades locales. La propuesta de crear una comisión de seguimiento parlamentaria busca garantizar que las políticas implementadas cumplan sus objetivos y que las víctimas reciban la atención y protección que demandan.