Una apuesta por la vivienda social en el sur
Con 13 votos a favor, la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N.º 10577/2024-CR, que declara de interés nacional el proyecto de vivienda social en el sector Arunta, ubicado en el distrito de Pocollay, provincia y departamento de Tacna.
Esta decisión legislativa busca atender una de las mayores demandas de la región: el acceso a vivienda digna para miles de familias que actualmente viven en condiciones de informalidad. En el distrito de Pocollay existen 11 asociaciones informales asentadas sobre terrenos del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Tacna, algunas de ellas incluso sobre rellenos sanitarios, según el dictamen aprobado.
Objetivo: formalizar y ordenar el crecimiento urbano
El proyecto busca optimizar el uso de predios estatales, considerándolos como un recurso estratégico para fomentar la inversión pública y privada orientada al desarrollo urbano sostenible. La meta es impulsar la construcción de viviendas sociales seguras y planificadas, con acceso a servicios básicos y equipamiento urbano.
La congresista María Acuña destacó que esta iniciativa permitirá al Estado recuperar el control del suelo urbano, aprovechando terrenos con potencial habitacional que hoy se encuentran ocupados de manera irregular. De esta forma, se pretende reducir los riesgos sanitarios y ambientales generados por la ocupación informal, además de promover un desarrollo ordenado y sostenible en la región.
¿Por qué es importante esta medida para Tacna? Porque representa un paso concreto hacia la regularización de la tenencia de la tierra y la consolidación de barrios planificados, lo que contribuiría directamente a la mejora de la calidad de vida de miles de familias del sur.
Reacciones en el Congreso: zonificación y responsabilidad municipal
Durante el debate, la congresista Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular) llamó la atención sobre la necesidad de que las municipalidades distritales y provinciales asuman un papel activo en la revisión de la zonificación de los terrenos ocupados por las asociaciones.
“El trabajo deberíamos incentivar a que lo hagan. Revisar los predios de quiénes son. Es un trabajo largo, pero hay que hacerlo”, señaló Moyano, subrayando la responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno para garantizar que la expansión urbana sea compatible con los planes territoriales y ambientales.
Su intervención puso sobre la mesa un tema sensible: la falta de coordinación interinstitucional en la gestión del suelo urbano y el reordenamiento de los asentamientos humanos, un problema que afecta no solo a Tacna sino también a diversas regiones del país.
Extensión del modelo: vivienda social también en Moquegua
El debate legislativo no se limitó a Tacna. En la misma sesión, el congresista Jorge Samuel Coayla Juárez (JP-VP-BM) sustentó el Proyecto de Ley N.º 11285/2024-CR, que declara de interés nacional y necesidad pública el proyecto de vivienda social en los sectores Pampas de San Antonio, Altos de Omo, Algarrobal y Pacocha, en el departamento de Moquegua.
Coayla destacó que esta propuesta refuerza el compromiso del Congreso con el desarrollo habitacional sostenible y la reducción de la pobreza urbana. Según explicó, el proyecto busca mejorar la calidad de las viviendas, reducir la desigualdad habitacional y promover el desarrollo urbano inclusivo, principios que responden a los objetivos de política nacional de vivienda y urbanismo sostenible.
Desafíos de la vivienda social en el sur peruano
El déficit habitacional en regiones como Tacna y Moquegua refleja un problema estructural que se agrava con la expansión de la informalidad. Según estimaciones del sector, miles de familias del sur viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios de saneamiento, electrificación ni espacios seguros para sus viviendas.
La formalización de los terrenos ocupados no solo implica dotar de títulos de propiedad a las familias, sino también garantizarles acceso a infraestructura urbana, algo que requiere inversión sostenida y coordinación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), los gobiernos regionales y las municipalidades locales.
¿Cómo garantizar que estos proyectos no queden en el papel? La clave estará en la ejecución efectiva de los planes de urbanización, en la priorización de recursos públicos y en la fiscalización constante para evitar la corrupción y el tráfico de terrenos, un problema recurrente en las políticas de vivienda social.
Un paso hacia la planificación urbana sostenible
Ambos proyectos —en Tacna y Moquegua— apuntan a un mismo objetivo: transformar la informalidad en oportunidad. Al declarar de interés nacional estas iniciativas, el Congreso busca sentar las bases de una política de vivienda social descentralizada, que combine planificación, sostenibilidad ambiental y equidad territorial.
Sin embargo, los especialistas advierten que sin una adecuada planificación del suelo y sin inversión en servicios básicos, los proyectos de vivienda social pueden terminar reproduciendo los mismos errores del pasado: barrios sin agua, sin transporte y sin equipamiento urbano.
El desafío, por tanto, no solo es construir viviendas, sino construir ciudades sostenibles. En ello radica la verdadera importancia de este tipo de iniciativas legislativas.