Una decisión para cerrar brechas de desigualdad laboral
El Pleno del Congreso aprobó, con 83 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, el dictamen que autoriza a la Superintendencia Nacional de Migraciones a incorporar al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los servidores que actualmente laboran como CAS indeterminados. La medida forma parte de los proyectos de ley 7368/2023-CR y 10625/2024-CR y busca corregir una situación que, según los legisladores, ha generado discriminación laboral dentro de la institución.
La propuesta legislativa responde a una pregunta clave que marcó el debate parlamentario: ¿por qué mantener a trabajadores con funciones permanentes bajo un sistema contractual que no les reconoce los mismos beneficios que sus pares? Desde hace años, Migraciones funciona como una entidad adscrita al régimen de la actividad privada, pero cientos de trabajadores seguían bajo el amparo del Decreto Legislativo 1057 (régimen CAS), aun cumpliendo labores estables y de larga data.
Requisitos para la incorporación al régimen laboral 728
El dictamen aprobado establece condiciones claras para la transición. Los trabajadores deberán:
- Haber adquirido la condición de contratado indeterminado bajo la Ley 31131.
- Haber ingresado por concurso público de méritos.
- No presentar dos o más sanciones disciplinarias firmes en el ejercicio de sus funciones.
Estas disposiciones buscan garantizar que la incorporación sea ordenada y se aplique únicamente al personal que ya tiene estabilidad dentro de la institución. Este punto fue central en la discusión, pues los parlamentarios insistieron en que la transición debía evitar nuevas brechas o interpretaciones imprecisas sobre quiénes accederán al cambio.
Argumentos de la Comisión de Presupuesto
Durante la sustentación, el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, expuso los fundamentos técnicos y económicos de la propuesta. Según precisó, Migraciones cuenta actualmente con 553 trabajadores CAS indeterminados, cuyo costo anual asciende a S/ 24 936 000. Para llevarlos al régimen 728 se requerirá un presupuesto de S/ 30 074 958, representando un incremento cercano a S/ 5 138 959.
Sin embargo, Soto destacó que la entidad ha registrado saldos de inejecución de alrededor del 3 % entre 2022 y 2024. Para 2025 se proyecta un saldo de S/ 6 382 800, monto suficiente para cubrir el costo adicional sin afectar el presupuesto nacional.
En esa línea, planteó la pregunta crucial para el análisis económico: ¿de qué manera garantizar que la incorporación al régimen 728 no comprometa recursos públicos adicionales? La respuesta, según el dictamen, está en la propia capacidad financiera de Migraciones.
Autores del dictamen: posiciones y argumentos
El debate en el Pleno permitió escuchar las posiciones de los autores de las iniciativas legislativas.
El congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL), autor del Proyecto de Ley 7368, sostuvo que el régimen CAS ha institucionalizado la precariedad dentro de Migraciones, afectando derechos fundamentales y generando desigualdad con los trabajadores 728. Recordó que el Decreto Legislativo 1130 reconoce que Migraciones pertenece al régimen de la actividad privada, por lo que mantener personal bajo contratos CAS contradice ese marco legal.
En sus palabras, “el uso del CAS indeterminado en Migraciones ha institucionalizado la precarización laboral”, lo que justificaba una reforma inmediata.
Por otro lado, la congresista Isabel Cortez Aguirre (PP), autora del Proyecto de Ley 10625, subrayó que los trabajadores CAS han sido discriminados por su modalidad contractual. Señaló que, pese a cumplir funciones estables, fueron mantenidos en un sistema que no les otorgaba los mismos derechos ni beneficios que el régimen 728. Criticó las múltiples variantes del CAS —CAS regular, CAS indeterminado, CAS COVID, CAS suplencia, incluso el informal “CAS CAS”— que, según dijo, han generado desorden y desigualdad laboral.
“A igual trabajo, iguales beneficios; a igual labor, iguales derechos”, enfatizó la legisladora.
El congresista Edgard Reymundo Mercado (BDP) también intervino, recordando que presentó iniciativas similares en 2023 y 2024. Destacó que su propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa y luego derivada a la Comisión de Presupuesto, por lo que su contenido debía incorporarse al dictamen final.
Impacto de la medida y próximos pasos
Con la aprobación del dictamen y su exoneración de segunda votación, la autógrafa quedó lista para ser enviada al Poder Ejecutivo. De ser promulgada, Migraciones deberá iniciar el proceso formal para actualizar su cuadro de personal y ejecutar la transición hacia el régimen 728.
La medida significará que más de 500 trabajadores CAS indeterminados accederán a los beneficios del régimen laboral privado: compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, 30 días de vacaciones, seguro complementario y demás derechos regulados por el Decreto Legislativo 728.
También generará un impacto institucional relevante: permitirá que Migraciones cuente con un personal más estable, disminuya la rotación y fortalezca la continuidad de los servicios, especialmente en áreas críticas como control migratorio, emisión de documentos y atención al usuario.
El debate parlamentario puso sobre la mesa una pregunta que trasciende el caso específico: ¿es sostenible mantener modalidades contractuales diferenciadas dentro de entidades que realizan funciones permanentes? La aprobación del dictamen parece marcar una dirección clara para el Congreso: avanzar hacia la eliminación progresiva de desigualdades laborales en el sector público.