La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que modifica la Ley 30309, norma que promueve la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica en el país. La iniciativa, sustentada en los proyectos de ley 8629/2024-CR y 13209/2025-PE, obtuvo 17 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, reflejando un amplio consenso político en torno a la necesidad de fortalecer los incentivos a la ciencia y la innovación.
El dictamen aprobado introduce cambios clave en los artículos 4 y 7 de la ley vigente, con el objetivo de reforzar los mecanismos de fiscalización, ampliar los beneficios tributarios y otorgar mayor predictibilidad normativa a las empresas que invierten en investigación y desarrollo (I+D+i), uno de los sectores considerados estratégicos para la competitividad del país.
Fiscalización más estricta de los proyectos
Uno de los ejes centrales de la modificación recae en el artículo 4, que establece nuevas obligaciones de control y supervisión sobre los proyectos que acceden a los beneficios tributarios. A partir de la reforma, las entidades públicas o privadas encargadas de otorgar la calificación y autorización de los proyectos deberán fiscalizar su ejecución y informar los resultados a la SUNAT, conforme a los plazos y condiciones que establezca el reglamento.
Cuando la función de fiscalización sea asumida por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), los resultados deberán comunicarse a la administración tributaria mediante resolución de superintendencia, fortaleciendo así el cruce de información y la transparencia en el uso de los incentivos fiscales.
Según lo expuesto durante el debate, este ajuste busca evitar distorsiones en la aplicación del beneficio y garantizar que los recursos destinados a promover la innovación cumplan efectivamente su propósito.
Prórroga del beneficio tributario hasta 2028
En cuanto al artículo 7, el dictamen establece que el beneficio tributario será aplicable a los proyectos iniciados desde el año 2016 y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Asimismo, se precisa que aquellos proyectos calificados dentro de dicho plazo, pero cuya ejecución finalice posteriormente, podrán seguir aplicando la deducción adicional de gastos hasta el 31 de diciembre de 2030, salvo que se apruebe una nueva prórroga.
Esta disposición resulta clave para proyectos de investigación de mediano y largo plazo, cuyos resultados y ejecución suelen extenderse más allá del horizonte fiscal anual, especialmente en sectores como tecnología, salud, energía y agroindustria.
Deducciones de hasta 240 % del Impuesto a la Renta
Durante la sustentación del dictamen, el congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Economía, explicó que la Ley 30309 permite actualmente deducciones adicionales del 140 %, 90 % y 60 % en la determinación anual del Impuesto a la Renta, dependiendo del tipo de proyecto y su modalidad de ejecución.
Con la modificación aprobada, estos beneficios se incrementan de manera significativa. Según precisó la congresista Ariana Orué Medina (Perú Posible), presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, la propuesta permitirá deducciones de hasta 240 % para empresas que realicen directamente actividades de investigación y desarrollo, y de hasta 190 % cuando estas se ejecuten a través de centros de investigación acreditados.
Además, se incorpora un 5 % adicional de deducción para los proyectos que contraten investigadores peruanos residentes en el extranjero, con el objetivo de incentivar el retorno de talento especializado y fortalecer el capital humano nacional.
Respaldo técnico y predictibilidad para la inversión
El dictamen cuenta con opinión favorable del CONCYTEC, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la SUNAT, lo que refuerza su viabilidad técnica y fiscal. Para el Ejecutivo y el Congreso, la prórroga del beneficio tributario brinda estabilidad normativa, un factor clave para la planificación de inversiones en innovación y desarrollo tecnológico.
En esa línea, se destacó que la continuidad de estos incentivos permite fomentar la inversión privada, elevar la productividad empresarial, generar empleo especializado y promover una economía basada en el conocimiento y el valor agregado, en un contexto de creciente competencia regional.
Reducción de plazos y entrada en vigencia
Otro aspecto relevante de la norma es la reducción de los plazos de calificación de los proyectos, que se fijan en un máximo de 35 días hábiles, con el fin de agilizar los procedimientos administrativos y otorgar mayor previsibilidad a los inversionistas.
De acuerdo con las disposiciones finales, la ley aprobada entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, una vez que sea ratificada en segunda votación y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Con esta medida, el Congreso busca enviar una señal clara al sector privado y académico sobre la importancia de la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible como pilares para el crecimiento económico del país.