Ley 32372 fortalece la seguridad y facilita expulsión de extranjeros
El Congreso de la República aprobó la Ley 32372, un instrumento legal que facilita la expulsión de extranjeros y refuerza la seguridad ciudadana en el país. La norma fue promulgada el 17 de junio de 2025 y sistematiza modificaciones al Código Penal y al Código de Ejecución Penal, articulándolas con la política migratoria administrativa.
Con esta ley, se tipifica como delito la resistencia o desobediencia de extranjeros frente a medidas de expulsión dictadas por las autoridades migratorias, y se establece que la expulsión puede aplicarse durante la ejecución de la pena privativa de libertad, o convertirse en delitos con pena máxima de cuatro años.
Modificaciones legales clave
La Ley 32372 modifica los artículos 30, 30-A, 52 y 52-A del Código Penal (Decreto Legislativo 635), y el artículo 118 del Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo 654), para regular:
- La ejecución de la expulsión una vez cumplida la pena o mediante beneficios penitenciarios.
- La prohibición de retorno al país por el tiempo equivalente a la pena máxima del delito cometido.
- La reparación civil, que puede ejecutarse mediante decomiso o extinción de dominio de los bienes del expulsado y no prescribe.
Estas modificaciones buscan reducir costos y cargas administrativas, así como proteger el orden interno del país.
Impacto económico y social
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asume el mantenimiento anual de presos extranjeros, cuyo costo promedio alcanza los S/10,000 por interno al año, solo en alimentación.
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, los ciudadanos venezolanos representan el grupo más numeroso de extranjeros en el Perú, superando 1,057,251 personas, cifra que se ha incrementado desde 2018. Para fines del 2021, el Observatorio Nacional de Política Criminal registró 1,561 internos venezolanos en la población penitenciaria peruana.
Objetivos de la ley
La Ley 32372 busca garantizar que la presencia de extranjeros en situación irregular no genere riesgos para la seguridad ciudadana, optimizando la gestión penitenciaria y fortaleciendo el marco legal para expulsiones y sanciones. Con esta norma, el Estado peruano apunta a ordenar la migración, proteger recursos públicos y asegurar la convivencia pacífica.