El Ministerio Público informó que la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro consiguió la confirmación, en segunda instancia, de una condena contra una pareja que operaba hospedajes vinculados a la explotación sexual de mujeres en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).
La sentencia corresponde al delito de favorecimiento a la prostitución agravado, en agravio de seis víctimas.
Penas ratificadas por el Poder Judicial
El Poder Judicial confirmó una pena de seis años de prisión efectiva contra Hamilton Malca Coro (48), considerado autor del delito. Asimismo, ratificó una condena de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida contra Sabina Martínez Segura (47), en calidad de coautora.
Ambos fueron hallados responsables de facilitar estas actividades ilícitas y de obtener beneficios económicos, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Hospedajes funcionaron durante la emergencia sanitaria
Según la investigación fiscal, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, en plena emergencia sanitaria por la COVID-19, los sentenciados arrendaron y administraron dos hospedajes ubicados en SJL, conocidos como “Raquel” y “El Salvador”.
Estos locales eran utilizados para alojar a mujeres que eran explotadas sexualmente. Las actividades fueron interrumpidas tras una intervención conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
Pruebas respaldaron la acusación fiscal
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó diversos medios probatorios que fueron valorados por el tribunal. Entre ellos se incluyeron técnicas especiales de investigación como OVISES (observación, vigilancia y seguimiento), sustentadas en informes de inteligencia policial.
También se incorporaron declaraciones testimoniales, actas de allanamiento, incautación, hallazgo y recojo de evidencias, además de registros personales. Todo este material permitió acreditar que en ambos hospedajes se ejercía la prostitución de manera sistemática.
Reparación civil a favor de las víctimas
La sentencia confirmada contempla además la inhabilitación del principal sentenciado y el pago de una reparación civil a favor de las seis mujeres agraviadas. Según el fallo, las víctimas se encontraban en un contexto de vulnerabilidad y recurrían a estas actividades como medio de subsistencia.
El Ministerio Público precisó que la reparación busca resarcir parcialmente el daño ocasionado durante el periodo de explotación.
Fiscalía reafirma compromiso contra la trata
La audiencia de segunda instancia contó con la participación del fiscal adjunto superior Jaime Martín Villavicencio Gallardo, quien sustentó la posición del Ministerio Público para lograr la confirmación de la condena.
Con este fallo, la Fiscalía de la Nación reafirmó su compromiso de continuar con la persecución de los delitos de trata de personas y explotación sexual, priorizando la protección de la integridad, dignidad y seguridad de las personas en situación de riesgo.