La Fiscalía Anticorrupción de Lima obtuvo la confirmación en segunda instancia de la condena de seis años de prisión efectiva contra Jonathan Guzmán, exgerente de Informática y Tecnología Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por haber solicitado una coima de 60 mil dólares a una candidata para manipular los resultados electorales a su favor.
El fallo ratifica además la inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público, una multa equivalente a 365 días y el pago de una reparación civil de S/ 60 000 a favor del Estado.
¿De qué se le acusa al exfuncionario de la ONPE?
El caso se remonta a 2025, cuando el entonces gerente de la ONPE fue acusado de haber pedido un soborno de USD 60 000 a una candidata a la alcaldía de Barranca, del partido Juntos por el Perú, a cambio de alterar el sistema informático del conteo de votos y asegurarle el triunfo en los comicios.
El hecho fue denunciado por la propia candidata, quien grabó parte de la conversación y presentó la evidencia ante las autoridades. Los intermediarios que organizaron la reunión entre Guzmán y la denunciante también fueron sentenciados por tráfico de influencias.
Pruebas determinantes en el proceso judicial
Durante el juicio oral, el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo —de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima— presentó pruebas concluyentes que demostraron la responsabilidad de Guzmán.
Entre los principales elementos de convicción figuraron la grabación realizada por la denunciante, una pericia acústica que confirmó la compatibilidad de la voz del acusado, así como testimonios y registros telefónicos que corroboraron la versión fiscal.
Pese a que la defensa de Guzmán interpuso un recurso de apelación, el órgano jurisdiccional declaró infundado su pedido y ratificó la sentencia dictada en primera instancia el 9 de enero de 2025.
Fiscalía resalta lucha contra la corrupción electoral
La ratificación de la condena constituye un nuevo precedente en la lucha contra los delitos de corrupción electoral, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial y en la independencia de los organismos electorales.
El Ministerio Público destacó que este resultado refleja el compromiso de la Fiscalía Anticorrupción en la defensa de la transparencia de los procesos electorales y en la sanción a los funcionarios que intenten vulnerar la voluntad popular mediante actos ilícitos.
Con esta sentencia firme, el caso de Jonathan Guzmán se convierte en un ejemplo del accionar efectivo de la Fiscalía de la Nación en el combate al cohecho dentro de instituciones claves como la ONPE.