La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) logró una nueva condena por tráfico ilegal de productos forestales, tras comprobar que un ciudadano almacenó miles de piezas de madera de procedencia ilícita en la región Ayacucho. El caso, a cargo de la FEMA – Sede Ayna San Francisco, concluyó con una sentencia que reafirma la acción penal del Estado frente a los delitos ambientales que afectan gravemente los bosques del país.
El fallo judicial condenó a Wilber Ramírez por haber almacenado un total de 4 745 pies tablares de madera aserrada, correspondientes a especies forestales de alto valor comercial como leche caspi, tornillo y moena negra, sin acreditar su origen legal. La sentencia incluyó una pena privativa de la libertad suspendida y el pago de una reparación civil a favor del Estado.
Almacenamiento de madera de origen ilícito
De acuerdo con los hechos probados durante el proceso penal, el hoy sentenciado mantenía en su poder una importante cantidad de productos forestales maderables que no contaban con la documentación exigida por la normativa vigente. Las investigaciones fiscales determinaron que la madera almacenada provenía de actividades de tala ilegal, una práctica recurrente en zonas de difícil acceso de la Amazonía y la ceja de selva.
El hallazgo se produjo durante una intervención en la que las autoridades detectaron las piezas de madera ya aserradas y listas para su comercialización, lo que evidenciaba una etapa avanzada de la cadena del tráfico ilegal de recursos forestales.
Detención en flagrancia y proceso penal
Tras la intervención, Wilber Ramírez fue detenido en flagrancia, lo que permitió a la Fiscalía iniciar de inmediato las diligencias correspondientes. El caso fue investigado y llevado a juicio por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – Sede Ayna San Francisco, bajo la conducción de la fiscal provincial Gisela Rodas Carhuatanta.
Durante el proceso, la Fiscalía logró acreditar que las especies incautadas no contaban con autorización de aprovechamiento forestal ni guías de transporte, elementos clave para demostrar la ilegalidad del origen de la madera. Esta evidencia fue determinante para que el órgano jurisdiccional emitiera una sentencia condenatoria.
Pena impuesta y reparación civil
Como resultado del proceso judicial, el Poder Judicial impuso a Ramírez una pena de tres años, cinco meses y dos días de prisión suspendida, condicionada al cumplimiento de reglas de conducta. Asimismo, se ordenó el pago de una reparación civil ascendente a S/ 1 075 a favor del Estado, como compensación por los daños ocasionados al medio ambiente.
Si bien la pena no implica prisión efectiva, la sentencia constituye un antecedente penal que refuerza el mensaje disuasivo frente a este tipo de delitos, especialmente en contextos donde el tráfico ilegal de madera continúa siendo una actividad de alto impacto ambiental y económico.
Delitos ambientales y afectación a los bosques
El tráfico ilegal de productos forestales maderables representa una de las principales amenazas para los ecosistemas del país. La tala y comercialización ilícita de especies como el tornillo o la moena negra no solo genera pérdidas económicas para el Estado, sino que también contribuye a la degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento del cambio climático.
Además, estas actividades suelen estar vinculadas a otras economías ilegales y afectan directamente a las comunidades locales, que ven reducidas sus posibilidades de desarrollo sostenible y el aprovechamiento legal de los recursos naturales.
Rol de la Fiscalía Ambiental
La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental ha destacado que este tipo de sentencias reflejan una labor constante y sostenida en la persecución penal de los delitos ambientales. A través de las FEMA, el Ministerio Público viene fortaleciendo las acciones de investigación, intervención y judicialización de casos relacionados con tala ilegal, minería ilegal y contaminación ambiental.
En el caso de la sede Ayna San Francisco, la obtención de sentencias condenatorias busca enviar una señal clara de que el tráfico forestal no quedará impune, incluso cuando se trate de almacenamiento o comercialización y no necesariamente de la tala directa.
Lucha contra la tala ilegal continúa
Desde el Ministerio Público se ha reiterado que la lucha contra los delitos ambientales es una prioridad institucional, debido al impacto estructural que estos generan en el patrimonio natural del país. La Fiscalía ha señalado que continuará coordinando con otras entidades del Estado para fortalecer los controles, mejorar la trazabilidad de la madera y sancionar a quienes participan en esta cadena ilegal.
El caso de Ayna San Francisco se suma a una serie de procesos que evidencian que, pese a los avances normativos, la tala y el tráfico ilegal de madera siguen siendo un problema persistente que requiere una respuesta articulada y sostenida del sistema de justicia.