Sentencia por vulneración de derechos fundamentales
El Poder Judicial condenó a tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el delito de abuso de autoridad, tras comprobarse que detuvieron de forma arbitraria y causaron daños físicos a cuatro ciudadanos en una comisaría de San Juan de Lurigancho (SJL). La sentencia fue obtenida por la Fiscalía de la Nación, a través del subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
Los agentes sentenciados son Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo, quienes fueron hallados responsables de haber incurrido en irregularidades durante una intervención policial realizada en febrero de 2021. El fallo judicial dispuso un año de prisión suspendida, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo.
Detención arbitraria en comisaría de Santa Elizabeth
Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2021, cuando cuatro ciudadanos fueron intervenidos y trasladados a la Comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con la investigación fiscal, los efectivos policiales no registraron formalmente la intervención ni la detención, manteniendo a los ciudadanos retenidos de manera irregular hasta la madrugada del día siguiente.
La acusación fiscal determinó que la actuación policial careció de sustento legal y vulneró los derechos fundamentales de las personas detenidas, configurándose así el delito de abuso de autoridad en el ejercicio de la función pública.
Reparación civil a las víctimas
Además de la condena penal, el Poder Judicial ordenó el pago de una reparación civil ascendente a 44 mil soles, que deberá ser abonada a favor de las víctimas: Vladimir y Augusto Valencia, así como los hermanos Adrián y Augusto Gutiérrez.
La sentencia fue sustentada por el fiscal adjunto provincial Rubén Anicama Medina, quien presentó los elementos probatorios que acreditaron la responsabilidad de los agentes policiales en los hechos denunciados.
Pronunciamiento de la Fiscalía
Tras conocerse el fallo, la Fiscalía de la Nación destacó que este caso reafirma el compromiso del subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo con la investigación y sanción de hechos que atentan contra la dignidad humana, la integridad física y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Ministerio Público subrayó que la condición de autoridad no exime de responsabilidad penal y que las intervenciones policiales deben ceñirse estrictamente a la ley y a los protocolos establecidos.
Casos recientes reavivan debate sobre control policial
La condena a los tres efectivos de la PNP se produce en un contexto en el que otros casos de conductas delictivas cometidas por malos elementos policiales han generado atención pública. En la misma semana, el Poder Judicial impuso 35 años de prisión a un expolicía que disparó contra un cambista y le robó dinero en el distrito de Santiago de Surco, además de ordenar el pago de una reparación civil.
Estos episodios han reavivado el debate sobre los mecanismos de control interno, la formación en derechos humanos y la supervisión de la actuación policial, especialmente en zonas de alta densidad poblacional como San Juan de Lurigancho.
Un llamado a fortalecer la institucionalidad
El caso pone nuevamente en agenda la necesidad de fortalecer los sistemas de fiscalización y sanción dentro de la Policía Nacional, así como de garantizar que las comisarías funcionen bajo estándares de legalidad y respeto a los derechos ciudadanos.
Para las autoridades judiciales, sentencias como esta buscan enviar un mensaje claro: el abuso de autoridad no quedará impune y será sancionado conforme a ley, independientemente del cargo o institución a la que pertenezcan los responsables.