La Fiscalía Anticorrupción de Amazonas logró una condena de ocho años y siete meses de prisión efectiva contra Milena Escobedo, ex tesorera de la Dirección Regional Agraria de Amazonas (DRAA), por el delito de peculado doloso por apropiación agravado. El fallo judicial estableció que la exfuncionaria se apropió ilícitamente de más de S/ 142 mil de dinero público, recursos que estaban destinados a dos proyectos de infraestructura agraria financiados por el Estado.
La sentencia, obtenida por el fiscal adjunto provincial Carlos Alberto Bustamante Díaz, incluye además inhabilitación por siete años para ejercer cargos públicos, el pago íntegro del monto apropiado, una indemnización adicional por daños y perjuicios, 420 días-multa y la orden de captura inmediata de la sentenciada.
Dinero público destinado a proyectos agrarios
De acuerdo con lo acreditado en juicio, Milena Escobedo, en su condición de tesorera de la DRAA —entidad adscrita al Gobierno Regional de Amazonas—, ejecutó un esquema irregular para apropiarse de fondos asignados a proyectos productivos en la región.
La investigación fiscal determinó que la exfuncionaria cobró dos cheques emitidos con cargo al presupuesto público: uno por S/ 102 407.50, correspondiente al proyecto de riego Tingomonte, y otro por S/ 39 626, vinculado a un proyecto de producción de bambú. Ambos montos fueron retirados sin sustento administrativo válido y nunca fueron rendidos ni devueltos, generando un perjuicio económico total al Estado de S/ 142 033.50.
Fiscalía acreditó apropiación dolosa
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público demostró que la conducta de la exfuncionaria no respondió a un error administrativo ni a una omisión involuntaria, sino a una apropiación dolosa de recursos públicos. La Fiscalía sustentó que Escobedo tenía pleno conocimiento del origen y destino de los fondos, así como de su obligación legal de administrarlos y rendir cuentas.
El tribunal consideró probado que la ex tesorera actuó en beneficio propio, aprovechando su cargo y el control que ejercía sobre los fondos institucionales, lo que agravó la responsabilidad penal.
Pena efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos
Además de la pena privativa de libertad efectiva, la sentencia judicial impuso una inhabilitación de siete años para ejercer cualquier función pública, medida orientada a impedir que la condenada vuelva a manejar recursos del Estado.
Asimismo, se ordenó el pago de una reparación civil equivalente al monto total apropiado, superior a S/ 142 mil, más S/ 8 mil por concepto de daños y perjuicios, y el cumplimiento de 420 días-multa, equivalentes a S/ 22 750.
El fallo incluyó también la orden de ubicación y captura inmediata, debido a la gravedad del delito y a la pena efectiva impuesta.
Mensaje contra la corrupción en gobiernos regionales
Desde la Fiscalía Anticorrupción de Amazonas se destacó que esta condena reafirma el compromiso institucional del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción en la administración pública, especialmente en regiones donde los recursos destinados a infraestructura y desarrollo productivo resultan clave para la población.
El caso pone nuevamente en agenda la vulnerabilidad de los sistemas de control interno en entidades regionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre el uso de fondos públicos, en particular aquellos orientados a proyectos agrarios y de desarrollo rural.
Sanción ejemplar y efecto disuasivo
Para la Fiscalía, la sentencia constituye una sanción ejemplar frente a prácticas de apropiación indebida de recursos del Estado. La condena busca además generar un efecto disuasivo en otros funcionarios que administran fondos públicos y recordar que los delitos de corrupción tienen consecuencias penales efectivas.
El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando investigaciones con rigor técnico y autonomía funcional para asegurar que los responsables de peculado y otros delitos contra la administración pública enfrenten sanciones proporcionales a la gravedad de sus actos.