La justicia vuelve a alcanzar a uno de los engranajes del emblemático caso La Centralita. El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años de pena privativa de la libertad efectiva contra Verónica Bermúdez Rodríguez, exfuncionaria del Gobierno Regional de Áncash, al acreditarse su responsabilidad en el delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. El fallo fue conseguido por el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La sentencia se sustenta en hechos ocurridos en 2010, cuando Bermúdez se desempeñaba como presidenta del Comité Especial de la Subregión Pacífico del Gobierno Regional de Áncash. Desde esa posición, la exfuncionaria facilitó el favorecimiento indebido a la empresa MK Comunicaciones durante un proceso de contratación para la producción de spots publicitarios financiados con recursos públicos.
Favorecimiento irregular en proceso de contratación
De acuerdo con la acusación fiscal, Verónica Bermúdez elaboró las bases del proceso de selección y dirigió la evaluación técnica de la única empresa postora, MK Comunicaciones. La investigación permitió determinar que la calificación fue diseñada para asegurar que dicha empresa obtuviera la buena pro, pese a que no cumplía con los estándares reales del servicio contratado.
Las pruebas recopiladas por el Ministerio Público, así como las declaraciones de colaboradores eficaces, revelaron que existió un acuerdo colusorio previo entre los involucrados. Este pacto permitió que la contratación se concretara sin competencia real, vulnerando los principios de legalidad, transparencia y eficiencia que rigen las contrataciones públicas.
Spots ya producidos y vínculo con red criminal
Uno de los elementos clave del caso fue la constatación de que los spots publicitarios contratados no fueron elaborados por la empresa favorecida. Según la Fiscalía, el material audiovisual ya había sido producido con anterioridad por terceros, bajo las órdenes de Jorge Luis Burgos, personaje vinculado directamente a la organización criminal encabezada por el exgobernador regional César Álvarez Aguilar.
Este hallazgo reforzó la tesis fiscal de que el proceso no tuvo como finalidad cubrir una necesidad real del Estado, sino canalizar recursos públicos hacia una red criminal que operaba desde el interior del Gobierno Regional de Áncash durante ese periodo.
Reparación civil e inhabilitación
Además de la pena de prisión efectiva, el Poder Judicial impuso a Verónica Bermúdez una inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos, así como el pago de una reparación civil ascendente a S/ 230 mil a favor del Estado. Este monto deberá ser abonado de manera solidaria junto con Luis Arroyo, condenado previamente en la sentencia principal del caso La Centralita por los mismos hechos delictivos.
La Fiscalía destacó que la reparación civil busca resarcir el daño económico causado por la manipulación del proceso de contratación y el uso indebido de fondos públicos destinados a servicios que nunca se ejecutaron de manera legítima.
Condición de reo contumaz durante el proceso
Un aspecto relevante señalado por el Ministerio Público es que Verónica Bermúdez mantuvo la condición de reo contumaz durante gran parte del juicio principal del expediente 03-2014. La exfuncionaria evitó someterse al proceso judicial y recién solicitó ser juzgada después de que se dictara la sentencia general contra los demás integrantes de la organización criminal.
Para la Fiscalía, este comportamiento evidenció una estrategia dilatoria que retrasó la imposición de sanciones y prolongó el cierre judicial de uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años en el país.
Avance en el cierre judicial del caso La Centralita
Con esta condena, el Ministerio Público considera que se sigue avanzando en el esclarecimiento y sanción de los delitos cometidos en el marco del caso La Centralita, una red de corrupción que operó en Áncash durante la gestión de César Álvarez y que involucró a funcionarios, empresarios y operadores políticos.
La Fiscalía Anticorrupción remarcó que continuará impulsando procesos pendientes para garantizar que todos los responsables enfrenten las consecuencias penales correspondientes y reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales.