Corrupción en el sistema de salud del Callao
En un nuevo golpe contra la corrupción institucional, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao consiguió una sentencia condenatoria contra el exdirector ejecutivo del Hospital de Rehabilitación del Callao, Roberto Solís, junto a tres exfuncionarios y un empresario, todos involucrados en un caso de colusión agravada relacionado con la contratación irregular de servicios de seguridad.
Los hechos ocurrieron en 2017, cuando los funcionarios hoy sentenciados concertaron ilegalmente con el gerente de una empresa privada para favorecerla en un contrato con el hospital, a pesar de que esta no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por ley.
Sentencias efectivas e inhabilitación por 15 años
Según la sentencia, los exfuncionarios Pablo Ruiz y Fredy Valencia, quienes se desempeñaban como jefes de Administración y Logística del hospital, fueron condenados a cinco años de prisión efectiva, al ser considerados autores del delito de colusión.
Asimismo, Daniel Monzón, exjefe del área legal del hospital, y Lucio Moreno, gerente de la empresa Group Security SAC, recibieron la misma pena como cómplices del hecho delictivo.
Además de las penas privativas de libertad, todos los exfuncionarios fueron inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos y se les impuso el pago solidario de una reparación civil de S/ 60,000 a favor del Estado.
Exdirector recibió pena reducida por su edad
En el caso de Roberto Solís, exdirector ejecutivo del hospital, el Poder Judicial dictó una pena de dos años y 11 meses de prisión efectiva, debido a su responsabilidad restringida por edad avanzada. También fue inhabilitado por cuatro años y 11 meses para ejercer función pública.
A pesar de la pena reducida, la Fiscalía subrayó que su participación fue clave para facilitar la contratación irregular, ya que como máxima autoridad del hospital tenía la capacidad de frenar o denunciar el proceso fraudulento, lo cual no ocurrió.
Simulación de procesos y contratación directa
Durante la investigación liderada por el fiscal provincial Fernando Perca Contreras, se logró demostrar que los implicados simularon procedimientos administrativos para evitar procesos de selección transparentes, permitiendo la contratación directa de servicios de seguridad por montos que superaban los S/ 130,000.
Lo más grave, según el Ministerio Público, es que la empresa favorecida no contaba con experiencia, personal capacitado ni autorización vigente, condiciones indispensables para brindar servicios de vigilancia en un centro de salud.
El caso fue documentado mediante registros, correos y testimonios, que confirmaron una clara concertación entre los funcionarios públicos y el representante de la empresa privada.
Ministerio Público refuerza su compromiso anticorrupción
Esta sentencia representa un nuevo precedente en la lucha contra la corrupción en el sector salud, uno de los más vulnerables a prácticas ilícitas y donde las consecuencias pueden afectar directamente la atención a la ciudadanía.
“El resultado confirma el compromiso firme del Ministerio Público para investigar y sancionar a los funcionarios corruptos en todos los niveles del Estado”, señaló una fuente del equipo fiscal, destacando el impacto que tienen estos casos en la confianza ciudadana y el correcto uso de recursos públicos.
Casos similares en el Callao revelan patrón de conducta
El Callao ha sido escenario recurrente de investigaciones por corrupción vinculadas a contratos públicos, especialmente en instituciones del sector salud. En los últimos años, se han denunciado casos similares en hospitales y centros médicos del primer puerto, muchos de ellos relacionados con compras irregulares, servicios sobrevalorados o empresas fantasma.
Especialistas consultados por Caretas señalan que estos casos reflejan una estructura de corrupción sistemática, que opera aprovechando vacíos legales, complicidades internas y falta de fiscalización real.
Justicia con efecto disuasivo
Más allá de las penas impuestas, esta condena representa un mensaje claro a los funcionarios públicos: los delitos contra el Estado no quedarán impunes. En un país donde la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas estructurales, cada sentencia efectiva contribuye no solo a la reparación, sino también a la prevención.
Se espera que casos como este sean replicados por otras fiscalías a nivel nacional, reforzando la idea de que la transparencia y la legalidad deben primar en todas las contrataciones públicas, especialmente en sectores sensibles como la salud.