El Poder Judicial dictó cadena perpetua en el caso del asesinato de fiscal en Perú que conmocionó a la región San Martín en 2016. A casi diez años del crimen, la justicia impuso la máxima sanción contra los responsables del homicidio de Fermín Alberto Caro Rodríguez.
La decisión fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tarapoto, tras un proceso judicial prolongado que permitió esclarecer los hechos.
Quiénes fueron condenados
El tribunal impuso cadena perpetua a Mender Pizango Dahua y Sinddy Patricia Rojas Fatama, considerados autores mediatos del crimen. También fue condenado Carlos Enrique Camacho Sánchez, en calidad de cómplice primario.
El fallo fue adoptado por unanimidad, luego de evaluar las pruebas presentadas durante el juicio oral.
Un crimen que marcó a la justicia peruana
El asesinato ocurrió el 26 de noviembre de 2016 en Moyobamba. El fiscal fue atacado a balazos en la puerta de su vivienda cuando ingresaba con su vehículo.
El atentado, ejecutado bajo la modalidad de sicariato, evidenció el nivel de violencia con el que operan organizaciones criminales en el país. ¿Por qué fue asesinado un fiscal superior?
La investigación determinó que el crimen estuvo vinculado a disputas económicas relacionadas con un establecimiento nocturno, y que fue ejecutado por miembros de la organización criminal conocida como “Los Indeseables del Alto Mayo”.
Decisiones clave del tribunal
Además de las condenas principales, el tribunal adoptó otras decisiones relevantes. Mender Pizango Dahua recibió seis años adicionales por tenencia ilegal de armas, aunque esta pena queda absorbida por la cadena perpetua.
También se dictaron absoluciones en algunos delitos, como organización criminal y otros cargos específicos, lo que refleja la complejidad del proceso judicial.
Medidas y ejecución de la sentencia
En cuanto a la ejecución del fallo, el tribunal dispuso que algunos de los sentenciados que están en libertad no serán encarcelados de inmediato, hasta que la sentencia quede firme.
Sin embargo, deberán cumplir reglas estrictas:
- no salir de su lugar de residencia,
- presentarse periódicamente ante la justicia,
- y pagar una caución de S/ 5,000.
En el caso de Carlos Enrique Camacho Sánchez, se ordenó su ingreso inmediato a un penal bajo supervisión del Instituto Nacional Penitenciario.
Reparación civil y sanciones económicas
El fallo también fija una reparación civil de S/ 50,000 a favor de la familia del fiscal asesinado, que deberá ser pagada por los condenados.
Además, se impuso un pago adicional de S/ 2,000 al Estado por el uso ilegal de armas, junto con la inhabilitación para portar armamento.
¿Un precedente contra el sicariato?
La sentencia se convierte en un caso emblemático en la lucha contra el sicariato en Perú y el avance del crimen organizado en regiones del país.
El asesinato de Fermín Alberto Caro Rodríguez no solo fue un ataque contra una persona, sino contra el sistema de justicia.
¿Será este fallo un punto de quiebre frente a la impunidad? Esa es la gran interrogante.
Un mensaje claro del Poder Judicial
Con esta decisión, el Poder Judicial busca reafirmar que los crímenes contra autoridades no quedarán sin sanción.
A casi una década del atentado, la condena cierra un capítulo judicial, pero deja abierta la discusión sobre cómo enfrentar de manera más eficaz al crimen organizado en el país.