La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó la creación de la Universidad Nacional de la Biodiversidad del Huallaga Central Gran Pajatén, una institución que pretende convertirse en eje académico y científico de la Amazonía central. Con 18 votos a favor, el dictamen avanzó tras un debate que destacó las brechas educativas en San Martín. Paralelamente, el grupo de trabajo decidió enviar a un cuarto intermedio otro proyecto vinculado a la Ley de Reforma Magisterial, al no lograr consenso entre las bancadas.
Nueva universidad amazónica
La iniciativa legislativa proviene de los proyectos 8477/2023-CR y 10812/2024-CR, impulsados por las congresistas Lucinda Vásquez Vela y Segundo Montalvo Cubas. ¿Por qué una nueva universidad en Juanjuí? Según los autores, la región supera los 900 mil habitantes y cuenta apenas con una universidad pública, limitando el acceso a la educación superior en zonas rurales.
El presidente de la comisión, Segundo Montalvo, señaló que la propuesta responde al “alto contenido de biodiversidad y potencial agroindustrial del Huallaga”, que requiere formación técnica y científica alineada a la política nacional de educación superior, ciencia y tecnología. Afirmó que la universidad será un centro especializado en investigación y formación para el desarrollo sostenible de la región.
Por su parte, Vásquez Vela calificó la aprobación como “un acto de justicia” para jóvenes que no tienen la posibilidad de migrar a otras regiones para estudiar. El proyecto busca beneficiar directamente a estudiantes de Juanjuí, la provincia de Mariscal Cáceres y zonas aledañas.
Cuarto intermedio para reforma magisterial
Tras la aprobación inicial, la comisión debatió otro dictamen relacionado con los PL 10014, 10033 y otros, que plantean modificar la Ley 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley 30057 (Servicio Civil). El objetivo: acelerar los procesos disciplinarios contra docentes y directivos sancionados por faltas muy graves, especialmente en casos de delitos sexuales, terrorismo, apología o narcotráfico.
La propuesta establece un plazo máximo de 20 días para resolver estos casos y prohibir el reingreso a la carrera pública magisterial de sancionados. Sin embargo, varios congresistas advirtieron que el texto podría generar situaciones injustas si no se asegura que los procesos sean exhaustivos.
Entre los que pidieron mayores precisiones estuvieron Edgar Tello Montes (Podemos Perú) y Segundo Quiroz Barboza (APP), quienes solicitaron un estudio técnico más amplio. Finalmente, una cuestión previa presentada por Paul Gutiérrez (Somos Perú) fue aprobada, retornando el dictamen a la comisión.
Debate sobre debidos procesos
Uno de los temas centrales del debate fue la pregunta: ¿garantiza este dictamen el debido proceso? Para algunos legisladores, acortar plazos en casos graves es necesario para proteger a estudiantes y comunidades educativas. Para otros, los parámetros propuestos podrían abrir la puerta a decisiones aceleradas o sin sustento suficiente.
El riesgo, advirtieron, es que docentes inocentes podrían ser destituidos sin una investigación integral. Para sectores críticos, la prioridad debe ser reforzar las unidades de procesos administrativos y no solo reducir los tiempos.
Colegio Médico sustenta modificaciones internas
En la misma sesión, el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Antonio Riega López, sustentó el PL 13374/2025-CP, que plantea actualizar la ley de creación del CMP. El objetivo es modernizar los requisitos de inscripción, adaptarlos a estándares actuales y optimizar los procesos de colegiatura.
El proyecto fue recibido con interés, aunque su análisis continuará en próximas sesiones.
¿Qué viene ahora?
La creación de la nueva universidad deberá ser evaluada por el Pleno del Congreso. ¿Cuándo podría entrar en funcionamiento? Dependerá del financiamiento asignado y del desarrollo del plan de implementación, que incluye infraestructura, mallas curriculares, autoridades y concurso docente.
En paralelo, el dictamen sobre la Reforma Magisterial regresará a revisión. La pregunta es si la comisión logrará un nuevo texto que combine celeridad y garantías, en un contexto donde los casos disciplinarios en el sector educación suelen tardar meses o incluso años.