La Comisión Permanente del Congreso definirá este martes 25, desde las 09:00 a.m., uno de los debates más relevantes del año: la revisión de los informes finales que recomiendan acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo Terrones, al exministro del Interior Willy Huerta, y a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.
Se trata de un paquete de denuncias que fue aprobado previamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que ahora avanza a una fase definitoria que podría terminar en inhabilitaciones por diez años, la sanción más severa contemplada en la Constitución.
Castillo y Huerta: acusados por el golpe del 7 de diciembre
El informe sobre las denuncias constitucionales 547 y 575, impulsadas por los congresistas Alejandro Muñante (RP) y Alejandro Cavero (Avanza País), propone acusar a Pedro Castillo por una larga lista de infracciones constitucionales vinculadas al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Los artículos presuntamente vulnerados incluyen los referidos al orden democrático, separación de poderes, funcionamiento del Congreso, y la independencia de instituciones como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Castillo, actualmente recluido, afrontaría además una inhabilitación por diez años, misma sanción que se propone para el exministro Willy Huerta, acusado por presuntamente haber facilitado las maniobras del expresidente y vulnerado principios de la función pública.
Cuatro fiscales supremos también enfrentan acusación
El mismo día, la Comisión Permanente también debatirá el informe final de la denuncia constitucional 528, que recomienda acusar a cuatro figuras clave del Ministerio Público:
- Juan Carlos Villena
- Pablo Sánchez
- Zoraida Ávalos
- Delia Espinoza
El documento señala presuntas infracciones a los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución. La recomendación central: inhabilitarlos por diez años para ejercer la función pública.
Esta denuncia, una de las más sensibles políticamente, apunta a decisiones tomadas durante sus gestiones en la Fiscalía de la Nación y en la conducción del Ministerio Público.
Garantías de defensa y lo que viene si se aprueban las acusaciones
El Reglamento del Congreso, en su artículo 89, inciso k), garantiza el derecho de defensa de todos los denunciados durante el proceso, permitiéndoles ser asistidos o representados por abogados.
Si la Comisión Permanente aprueba alguna de las acusaciones, será el Consejo Directivo el encargado de fijar fecha, hora y reglas para el debate final en el Pleno del Congreso, instancia que tendrá la decisión definitiva.