La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que faculta al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a pedir información personal de usuarios, sin su consentimiento, a empresas operadoras. Esto, para fines “de la fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones”.
La propuesta de ley es iniciativa de la congresista de la bancada Avanza País, Norma Yarrow. Implica que los datos de geolocalización, tráfico, direcciones IP públicas y privadas, registros de llamadas y sesiones de datos sean pedidas por Osiptel sin que los dueños de esta información autoricen o sean informados.
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Para hacerlo, el dictamen señala la necesidad de una “disposición legal que exonere al Osiptel de requerir el consentimiento del titular de los datos personales, para los efectos de su tratamiento, cuando su tratamiento resulte imprescindible para efectuar su función de fiscalización, en el ámbito de las materias que son competencia de Osiptel”.
Para entrar en vigencia, debe ser aprobado por el Pleno del Congreso. Sin embargo, esto podría esperar hasta marzo debido al fin de la legislatura del 2023.