La violencia criminal volvió a golpear con fuerza a Lima. Alrededor de las 9:00 p. m. del sábado 21 de febrero, un conductor de transporte informal fue acribillado a balazos en uno de los puntos más transitados del distrito del Rímac, generando pánico entre peatones, pasajeros y otros transportistas que presenciaron el ataque.
El atentado ocurrió a la altura del puente Acho, un día después de que venciera el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por el incremento de la inseguridad ciudadana, medida que había sido dispuesta por el gobierno del expresidente José Jerí.
Ataque directo en paradero concurrido
Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Joan Luis Flores Guerrero, de 23 años, quien se encontraba estacionado en un paradero de transporte público en sentido de sur a norte cuando fue interceptado por sicarios. Sin mediar palabra, los atacantes dispararon en al menos cinco ocasiones contra el conductor, causándole la muerte de manera inmediata.
El ataque se produjo en cuestión de segundos y ante la mirada atónita de decenas de personas. Testigos relataron que los delincuentes actuaron con frialdad y que incluso habrían grabado el crimen antes de huir con rumbo desconocido, un patrón cada vez más recurrente en los casos de sicariato registrados en la capital.
Intervención policial y fiscal
Minutos después del atentado, peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena para iniciar las diligencias correspondientes. En el lugar se recogieron varios casquillos de bala y se procedió al aislamiento de la zona para facilitar el trabajo de los investigadores.
Personal del Ministerio Público también se hizo presente para cumplir con las actuaciones de ley. Tras varias horas, se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para la necropsia de rigor, mientras se iniciaban las primeras indagaciones para identificar a los responsables.
Conmoción entre transportistas
La muerte de Flores Guerrero ha generado profunda consternación entre sus compañeros de trabajo. El joven colectivero cubría diariamente la ruta desde Zapallal hasta la Vía de Evitamiento, un trayecto frecuentado por miles de pasajeros que dependen del transporte informal ante la insuficiencia del servicio público regular.
Familiares y colegas exigieron justicia y mayor presencia policial en las rutas consideradas de alto riesgo. “Hoy fue él, mañana puede ser cualquiera”, señaló uno de los transportistas, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.
Retiro del Puesto de Comando Unificado
En paralelo al crimen, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó el retiro del Puesto de Comando Unificado que operaba en la plaza Gastañeta, en el Cercado de Lima. A través de un comunicado, se detalló que la decisión se adoptó tras la culminación del estado de emergencia, prevista para el viernes 20 de febrero.
Según las fuerzas del orden, el retiro respondió al marco legal vigente y se realizó luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima expresara su reclamo ante el fin de las operaciones excepcionales. No obstante, la coincidencia temporal entre el levantamiento de la medida y el nuevo asesinato ha reavivado las críticas sobre la falta de estrategias sostenidas contra el crimen.
Inseguridad sin tregua
El asesinato del joven colectivero en el Rímac se suma a una cadena de hechos violentos registrados en distintos puntos de Lima, donde los ataques armados continúan pese a los operativos policiales y militares desplegados en las últimas semanas.
Para vecinos y transportistas, el fin del estado de emergencia no ha significado una reducción del riesgo, sino el retorno a un escenario de mayor vulnerabilidad. El caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de políticas de seguridad de largo plazo que no dependan únicamente de medidas excepcionales y temporales.
Mientras las investigaciones avanzan, una nueva vida se suma a la estadística de la violencia urbana en la capital, en medio de reclamos ciudadanos por mayor protección y respuestas concretas frente al avance del sicariato.