Cobre, el mineral de la transición energética que no asegura la electrificación de las comunidades peruanas de donde se extrae

El cobre tiene una demanda creciente, precisamente, porque está llamado a convertir la matriz energética hacia una más limpia, pero que no garantiza justicia para las comunidades locales.

por Edgar Mandujano

El cobre, metal conductor considerado de vital importancia para la transición energética, no ha traído desarrollo de redes eléctricas ni progreso a las comunidades peruanas adyacentes a las minas del Corredor Minero del Sur (Cusco, Apurímac y Arequipa, regiones que al 2022 concentran el 40% de la producción de este metal a nivel nacional). Ahí, funcionan tres de las unidades más importantes del país.

El informe “Transición justa: El cobre para la transición energética y el corredor del sur andino”, de los investigadores de CooperAcción Josselin Yauri, Thomas Niederberger y Paul E. Maquet, explica que, entre los principales demandantes del cobre está China, que representa el 53,6% del total demandado a nivel mundial en 2020, debido justamente a su elevada producción de instrumentos que sirven para promover la energía renovable.

“La demanda del cobre va a crecer significativamente. Bloomberg ha estimado que podría crecer un 53% para el año 2040, y se dice que se podría casi duplicar o triplicar según la Agencia Internacional de Energía (IEA). Esa es la tendencia que se espera en el marco de la transición energética”, destacó la economista Josselin Yauri.

El documento de CooperAcción introduce el debate global sobre una transición energética justa para el Perú, donde el componente más importante corresponde a la gobernanza sobre los minerales. Las comunidades donde se está extrayendo el cobre para electrificar otros países y evitar los gases de efecto invernadero (Asia, Europa o América del Norte) no tienen acceso a estas energías limpias o están por debajo del promedio nacional y de los promedios nacionales rurales.

El investigador Paul E. Maquet explica que, en el caso de Espinar, solo el 33% de los hogares rurales que están al lado de las unidades mineras tienen conexión eléctrica, mientras el promedio nacional está por encima del 90%. Lo mismo se repite en Chumbivilcas. Para el especialista, se deben plantear condiciones para que no se vuelvan a replicar situaciones de conflictividad social y ambiental como las de Las Bambas.

“Si queremos hacer las cosas bien, necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental, fortalecer el Senace, una autoridad transectorial. Fortalecer al OEFA con su capacidad de fiscalización. Una de las cosas que no se está haciendo es la evaluación ambiental estratégica, la política de expansión minera en el Perú no la tiene”, refiere Maquet.

Tampoco se deben pasar por alto los beneficios económicos que traen estas actividades en nuestro país: la minería es una actividad que dinamiza poco las economías locales, salvo periodos específicos, como la construcción. Sin embargo, a largo plazo los indicadores de desarrollo humano siguen estáticos.

Por su parte, el investigador Thomas Niederberger advirtió que no existe certeza sobre el impacto que tendrán todos los proyectos aun en exploración sobre el corredor, una vez que los proyectos estén iniciados. Ante ello, dijo que existe un fuerte impacto social vinculado a expectativas que no son cubiertas para la población local.

“Son 250 kilómetros de carretera que, además, se ven afectados por 400 camiones diarios que pasan por los pueblos. Hay toda una serie de proyectos que, debido al precio del cobre, están a la espera, incluidos tajos al lado de minas existentes, como Coroccohuayco de Antapaccay o Chalcobamba de Las Bambas”, indicó Niederberger.

Mariano Castro, exviceministro del Ambiente, señaló que Perú, como segundo proveedor global del cobre, tiene un rol angular en el mundo sobre el tratamiento de estas industrias. No obstante, reconoció que la tarea se está perdiendo, pues además de la paradoja de una magra electrificación en las zonas de influencia minera, también subsiste un 50% de anemia infantil en dichos territorios.

Ante ello, pidió no reducir el debate sobre la promoción de la minería en el país a descongestionar los permisos ambientales. “Las respuestas deben darse a múltiples niveles. La discusión sobre la transición energética justa no solo pasa por resolver la ineficiencia en los procedimientos y trámites”, subrayó.

Cobre: poca gobernanza y criminalización en el Corredor Sur Andino

Telye Yurisch, economista e investigador de la fundación Terram de Chile, explicó que los problemas en el corredor minero peruano son similares a los que ocurren en el vecino país del sur, primer productor global del metal rojo, en donde se ha identificado un triple impacto del sector extractivo sobre el agua: consume, contamina y destruye fuentes de suministro.

“Chile es el segundo país con más conflictos socio ambientales, se tienen identificados 131 a la fecha, y 34 (26%) de estos son mineros. Si hacemos la lupa, afloran los principales problemas de gobernanza, la gran parte son por el derecho de acceso al agua”, destacó Yurisch.

Una preocupación que compartió Myluz Quispe, representante de la Federación Distrital de Mujeres Cotabambinas (Fedimuc), es que en el Perú, los yacimientos mineros se encuentran asentados sobre cabeceras de cuenca, pese a existir una ley que, en nuestro país, busca proteger estos ecosistemas generadores de agua. Esta situación obedece al alto consumo del recurso hídrico para producir cobre.

En este sentido, dijo que el Estado se ha plegado a la agenda de la industria minera mediante la criminalización de los defensores ambientales en el Corredor Sur Andino.

“La transición justa y equitativa es una oportunidad para repensar en nuevos modelos sostenibles amigables con el medio ambiente, y eso implica también el respeto a las comunidades”, sentenció. 

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