Magistrados unificaron criterios para aplicar sanciones más severas a agentes del cibercrimen
La Corte Superior de Justicia de Lima, presidida por Miluska Cano López, culminó el Primer Congreso Internacional sobre Cibercrimen, Inteligencia Artificial y Nuevas Figuras Delictivas, un evento realizado del 26 al 28 de noviembre que reunió a jueces, fiscales y especialistas nacionales e internacionales para analizar la respuesta del sistema judicial ante el avance delictivo digital en el Perú.
La actividad, considerada el encuentro más grande realizado en el país sobre esta materia, congregó a más de mil asistentes virtuales y 300 de forma presencial, quienes abordaron la urgencia de fortalecer la capacidad institucional frente al incremento sostenido de delitos informáticos.
Perú, entre los países con más ciberataques en la región
Durante el congreso se expuso que en 2024 el Perú se ubicó como el cuarto país con mayor cantidad de ciberataques en América Latina, evidenciando un nivel crítico de vulnerabilidad en su infraestructura digital.
Esta situación se agravó en 2025: entre enero y junio se registraron más de 19,000 denuncias por delitos informáticos, de las cuales:
- 75 % fueron casos de fraude informático,
- 13 % correspondieron a suplantación de identidad.
Pese al volumen de denuncias, especialistas alertaron que la capacidad judicial de respuesta aún era limitada, principalmente por la complejidad técnica de los casos, la falta de especialización y la necesidad de reforzar recursos tecnológicos.
Magistrados discutieron la aplicación efectiva de la Ley 30096
El juez superior Bonifacio Meneses Gonzales, responsable de la implementación de los juzgados penales especializados en ciberdelitos, sostuvo que la prioridad era fortalecer la formación de jueces y personal jurisdiccional para enfrentar con eficacia esta modalidad criminal.
Recordó que la Ley 30096 sobre delitos informáticos, vigente desde 2013 y modificada recientemente, incorporó nuevas agravantes vinculadas al uso de herramientas de Inteligencia Artificial y endureció las sanciones por delitos como:
- Provisión y comercialización ilegal de SIM Cards
- Activación fraudulenta de líneas
- Comercio ambulatorio de chips no registrados
Estas conductas hoy se castigan con penas entre 5 y 9 años de cárcel.
Hacia una respuesta judicial más articulada
El encuentro permitió unificar criterios operativos para mejorar la persecución penal del cibercrimen, reducir la impunidad y consolidar una política judicial coherente frente a las amenazas tecnológicas que afectan a ciudadanos, empresas e instituciones.
La Corte de Lima consideró que la especialización y capacitación continua será fundamental para enfrentar la creciente incidencia de delitos informáticos y garantizar la protección efectiva de derechos en el entorno digital.