La inseguridad en Lima obliga a conductores de transporte público a extremar medidas para proteger su vida y la de los pasajeros. La empresa Virgen de la Puerta ha implementado blindaje en sus buses y exige chalecos antibalas ante el incremento de ataques de extorsionadores armados, principalmente motociclistas que disparan durante el recorrido.
Blindaje y protección frente a ataques
Desde hace seis meses, los buses de la empresa cuentan con láminas metálicas de dos pulgadas en puertas, ventanas y cabinas. En casos más extremos, se han instalado compartimentos cerrados alrededor del asiento del conductor para evitar impactos directos de bala. La inversión por unidad puede superar los S/3,000 en una cabina blindada completa, mientras que los refuerzos básicos rondan los S/1,000, costeados mayoritariamente por los dueños de los vehículos.
“Trabajamos con miedo, pero no tenemos otra opción”, señalaron los choferes, quienes a pesar de los ataques continúan cumpliendo rutas que recorren largas distancias, desde Ancón hasta Villa El Salvador, incluso iniciando su jornada pasada la medianoche.
Antecedentes de violencia y extorsión
La empresa ha sido objetivo de al menos dos bandas criminales. En abril de 2024, un conductor fue baleado cerca del penal de Ancón, y otro trabajador resultó herido hace dos meses en la zona sur de Lima. Frente a este contexto, la compañía ha solicitado apoyo financiero del Estado para cubrir los gastos de seguridad y garantizar la protección de conductores y pasajeros.
Chalecos antibalas y cabinas blindadas como prioridad
Las medidas de seguridad combinan ventanas y puertas blindadas, cabinas cerradas y el uso obligatorio de chalecos antibalas durante los recorridos. Aunque costosas, estas acciones son consideradas esenciales para reducir la exposición a ataques directos y mantener operativas las unidades, protegiendo al personal y la inversión de los transportistas.
El caso de la empresa Virgen de la Puerta evidencia la creciente violencia y extorsión en el transporte urbano de Lima y pone en relieve la urgente necesidad de estrategias de seguridad que involucren al Estado y organismos de protección ciudadana.