La controversia en torno al Puerto de Chancay escaló al plano internacional. El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, expresó públicamente su preocupación por la decisión judicial que restringe las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el terminal portuario operado por Cosco Shipping.
El pronunciamiento, difundido en la red social X, se produce luego de que el Poder Judicial peruano declarara fundada una acción de amparo presentada por la empresa china, determinando que Ositrán no puede regular ni sancionar las operaciones del puerto al tratarse —según el fallo— de una inversión de carácter privado.
Advertencia desde Washington
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental sostuvo que respalda el derecho soberano del Perú a supervisar su infraestructura crítica, subrayando la importancia de que el Estado mantenga capacidad de control sobre proyectos estratégicos dentro de su territorio.
En el mensaje oficial se advierte que la limitación de dichas facultades podría generar consecuencias que trascienden el ámbito técnico. El texto difundido señala que el financiamiento chino asociado al proyecto podría tener implicancias en términos de soberanía nacional, agregando una frase que no pasó desapercibida:
“Que esto sirva como advertencia para la región y para el mundo: el dinero chino barato tiene un costo en términos de soberanía”.
El pronunciamiento marca una postura inusual de un actor internacional respecto a una controversia regulatoria interna, y coloca el debate sobre Chancay en un contexto geopolítico más amplio.
El fallo judicial que desató la polémica
La reacción estadounidense se da tras la resolución emitida por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que declaró fundado un recurso de amparo presentado por Cosco Shipping Lines en 2024.
El fallo ordena que Ositrán se abstenga de ejercer funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre el Puerto de Chancay, al considerar que se trata de un proyecto financiado íntegramente con capital privado y que no se encuentra bajo un régimen de concesión estatal.
Según la sentencia, el uso público de la infraestructura no convierte automáticamente al terminal en un bien de dominio público ni lo somete a un régimen regulatorio pleno, criterio que ha sido duramente cuestionado por el regulador y diversos analistas.
La posición de Cosco Shipping
Tras conocerse la decisión judicial, Cosco Shipping Ports defendió el fallo y sostuvo que este reconoce el carácter privado del Puerto de Chancay, una interpretación que —según la empresa— ya había sido respaldada con anterioridad por el Tribunal Constitucional.
La compañía afirmó que el proyecto se desarrolla conforme al marco legal vigente y que, al no haberse utilizado recursos públicos ni contratos de concesión, no corresponde la supervisión de Ositrán.
El megaproyecto portuario es controlado en un 60% por Cosco Shipping, con participación de Volcan Compañía Minera, y es considerado uno de los desarrollos logísticos más ambiciosos del país.
Pronunciamiento del embajador de EE.UU. en Lima
La postura del Departamento de Estado fue reforzada por el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, quien también se pronunció sobre el tema a través de sus redes sociales.
En su publicación, el diplomático calificó la situación como “alarmante” y señaló:
“Este nivel de saqueo y depredación es alarmante”.
Sus declaraciones reforzaron la preocupación expresada desde Washington y alimentaron el debate sobre los alcances de la inversión extranjera en infraestructura estratégica peruana.
Respuesta de Ositrán y anuncio de apelación
Desde el lado del regulador, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, informó que el organismo aún no ha sido notificado oficialmente del fallo, pero advirtió que, de confirmarse, se estarían recortando funciones clave de supervisión.
Zambrano señaló que la decisión deja a los usuarios del puerto —importadores, exportadores y agentes de aduana— sin una entidad especializada que garantice sus derechos, como la no discriminación en el acceso a servicios y la existencia de mecanismos formales de reclamo.
Asimismo, precisó que ni Indecopi ni la Autoridad Portuaria Nacional cuentan con las mismas facultades específicas que Ositrán para regular este tipo de infraestructura.
La presidenta del organismo anunció que, una vez notificados formalmente, apelarán de inmediato la resolución judicial.
Un proyecto estratégico bajo debate
El denominado Megapuerto de Chancay es el primer puerto construido por China en América Latina y representa una inversión estimada que superará los 3.500 millones de dólares. El proyecto utiliza alrededor de 180 hectáreas de mar peruano, lo que ha sido uno de los argumentos centrales de Ositrán para sostener que se trata de infraestructura de uso público.
La discusión sobre si el puerto debe o no estar sujeto a supervisión regulatoria ha abierto un debate mayor sobre el rol del Estado frente a grandes inversiones privadas en sectores estratégicos.
Un conflicto con implicancias políticas y geopolíticas
Más allá del ámbito jurídico, el caso Chancay ha comenzado a tener repercusiones políticas e internacionales. El pronunciamiento de Estados Unidos introduce una variable geopolítica en una controversia que hasta ahora se desarrollaba en el plano regulatorio y judicial.
Mientras Cosco defiende su marco legal y Ositrán prepara su apelación, el debate sobre soberanía, control estatal e inversión extranjera se instala en el centro de la agenda pública. El desenlace del caso será clave no solo para el futuro del Puerto de Chancay, sino también para el modelo de gobernanza de la infraestructura estratégica en el Perú.