En medio de las tensiones crecientes por el endurecimiento de las intervenciones contra la minería informal, un grupo de mineros artesanales tomó este martes 8 los cuatro carriles de la avenida Abancay, en pleno Centro de Lima, impidiendo todo acceso vehicular desde el Rímac hacia la zona de Palacio de Justicia y el Congreso. La protesta, iniciada desde tempranas horas, provocó el desvío de decenas de rutas y un colapso en el tránsito metropolitano.
Los manifestantes, provenientes en su mayoría de regiones del sur andino, exigen la paralización de los operativos de interdicción minera, que consideran arbitrarios y criminalizantes. “No somos delincuentes, queremos formalizarnos, pero el Gobierno nos cierra las puertas”, reclamó uno de los voceros, mientras decenas de pancartas y banderas rojinegras flameaban frente al cerco policial.
El bloqueo no fue un hecho aislado. Se trata de una acción coordinada con otras movilizaciones en el interior del país, en especial en Arequipa, Puno y Madre de Dios, donde las federaciones de mineros artesanales han anunciado una “jornada indefinida” si no se atienden sus demandas. En Lima, el cierre de la Av. Abancay —arteria clave que conecta la ciudad con el poder político— tiene un fuerte valor simbólico.
Hasta el mediodía, la Policía Nacional mantenía un cordón de contención sin uso de fuerza, pero la tensión seguía en aumento. La Defensoría del Pueblo pidió que se garantice tanto el derecho a la protesta como el libre tránsito. Mientras tanto, la capital vive una nueva pulseada entre el Gobierno y un sector que se niega a quedar fuera del mapa económico, aunque su actividad aún se mueva en los márgenes de la legalidad.