Ratificación judicial tras años de proceso
El Poder Judicial dejó firmes las condenas de más de 30 años de prisión efectiva impuestas a los responsables del denominado caso de la galería Nicolini, incendio ocurrido en junio de 2017 en el Cercado de Lima, que provocó la muerte de dos jóvenes trabajadores que permanecían encerrados en ambientes precarios dentro del establecimiento comercial.
La decisión judicial se produjo luego de resolverse las apelaciones presentadas por las defensas, confirmándose así las penas dictadas en primera instancia. Con ello, el proceso penal alcanza una etapa definitiva, cerrando uno de los casos más emblemáticos vinculados a explotación laboral en el país.
Responsables y penas confirmadas
Según informó el Ministerio Público, las sentencias recaen sobre Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría. En el primer caso, se ratificó la condena de 35 años de prisión efectiva impuesta en 2018. En el segundo, el Poder Judicial confirmó en diciembre de 2025 la pena de 32 años de cárcel, luego de evaluar el recurso de apelación presentado por la defensa.
Con esta resolución, ambas condenas quedaron consentidas, consolidando un precedente judicial en la persecución penal de delitos vinculados a explotación laboral y trata de personas en el Perú.
Investigación por trata de personas
El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas, que durante el proceso logró acreditar que las víctimas se encontraban sometidas a un régimen de explotación laboral bajo condiciones que el tribunal calificó como esclavitud laboral, figura penal aplicada por primera vez de manera firme en el país.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, los jóvenes trabajaban en espacios improvisados ubicados en la parte superior de la galería, en condiciones que vulneraban estándares mínimos de seguridad y dignidad laboral.
Condiciones laborales acreditadas
Durante el juicio oral, se acreditó que las víctimas permanecían encerradas durante extensas jornadas, sin ventilación adecuada, sin rutas de escape y sin acceso libre al exterior. Estas condiciones fueron determinantes para la tipificación del delito y para la severidad de las penas impuestas.
El día del incendio, los trabajadores intentaron pedir auxilio a través de una pequeña ventana, sin lograr ser rescatados. Las imágenes del siniestro, transmitidas en vivo a través de redes sociales y medios de comunicación, generaron un fuerte impacto en la opinión pública y evidenciaron las condiciones en las que se desarrollaban las labores dentro del establecimiento.
Reparación civil e inhabilitaciones
Como parte de la sentencia confirmada, el Poder Judicial dispuso la inhabilitación de los condenados para contratar con el Estado por el mismo plazo de las penas impuestas. Asimismo, se ordenó el pago de montos por concepto de reparación civil.
En ese sentido, se estableció el pago de S/ 20 000 a favor de los sobrevivientes, así como reparaciones civiles de S/ 479 000 y S/ 459 000 para los herederos legales de las dos víctimas mortales. Estas medidas buscan resarcir, de manera parcial, los daños ocasionados como consecuencia de los hechos acreditados en el proceso penal.
Un precedente en derechos laborales
El Ministerio Público destacó que esta resolución constituye la primera condena firme por esclavitud laboral en el Perú, lo que marca un hito en la aplicación del marco legal vinculado a la protección de derechos humanos y laborales.
La decisión refuerza los estándares nacionales e internacionales para la persecución de delitos relacionados con trata de personas, explotación laboral y condiciones de trabajo incompatibles con la dignidad humana, especialmente en contextos de actividades comerciales y empresariales.
Alcances del fallo
Desde el ámbito judicial, el fallo es considerado un precedente relevante para futuros procesos vinculados a delitos de explotación laboral, al consolidar criterios probatorios y sancionadores frente a prácticas ilegales que afectan derechos fundamentales.
El caso Nicolini, ocurrido hace más de ocho años, cierra así una etapa judicial clave, dejando una resolución que fortalece la respuesta del sistema de justicia frente a este tipo de delitos.