El Gobierno central, a través del Ministerio del Ambiente (Minam), declaró oficialmente en emergencia la gestión de residuos sólidos en el distrito de Carabayllo. La decisión, publicada hoy en el diario El Peruano mediante la Resolución Ministerial N.° 00361-2025-MINAM, busca frenar la crisis sanitaria que afecta a miles de vecinos debido a la acumulación de desechos en vías públicas.
La declaratoria tiene una vigencia de 60 días calendario y responde a la limitada capacidad operativa de la municipalidad, que asumió el servicio directamente tras rescindir el contrato con el consorcio privado el pasado 12 de diciembre.
Puntos críticos y riesgos sanitarios
Con la llegada del verano, la situación se ha vuelto insostenible en sectores como El Progreso, Vista Alegre y San Pedro. Vecinos reportan la proliferación de roedores, insectos y olores fétidos debido a que la basura no es recogida desde hace semanas.
- Causa técnica: El Minam calificó el hecho como un “cese parcial de las operaciones de manejo de residuos”.
- Impacto: Formación de focos infecciosos en avenidas principales y zonas residenciales.
Plan de acción y nuevas unidades
Como parte de las obligaciones impuestas por la resolución, la gestión del alcalde Pablo Mendoza debe presentar un Plan de Acción en un plazo de 7 días hábiles. Asimismo, el burgomaestre anunció medidas inmediatas para mitigar la crisis:
- Compra de maquinaria: Se incorporarán seis nuevas compactadoras esta semana (tres el miércoles y tres el viernes).
- Fin de la tercerización: Mendoza ratificó su postura de eliminar los contratos con empresas externas, argumentando que el modelo de tercerización ha sido ineficiente y costoso para el distrito.
- Asistencia técnica: El Minam y la Municipalidad Metropolitana de Lima brindarán apoyo logístico para normalizar el servicio.
Responsabilidades legales
La resolución firmada por el ministro Miguel Ángel Espichán Mariñas es clara al señalar que esta declaratoria no exime de responsabilidad a los funcionarios municipales por el incumplimiento de sus deberes. La Contraloría y el organismo de fiscalización ambiental podrían iniciar procesos si no se evidencia una mejora sustancial en los próximos informes semanales.