La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a siete trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), adscritos a la Municipalidad de Ate, acusados de integrar la organización criminal Los Elegantes de Lima Este, dedicada a extorsionar a empresas y conductores de transporte público en la zona.
El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado, informó que el operativo dejó un total de 12 detenidos y el allanamiento de 13 inmuebles vinculados a la banda. Según la investigación, Los Elegantes de Lima Este operaban desde 2024 y obtenían ganancias ilegales mediante el cobro de cupos a transportistas formales e informales.
Así operaban Los Elegantes de Lima Este
De acuerdo con la PNP, los fiscalizadores intervenían a los conductores utilizando su cargo para coaccionarlos. Si el chofer tenía alguna observación en la licencia, pérdida de autorización o desvío de ruta, la banda aprovechaba la situación para exigir pagos ilegales a cambio de permitirles trabajar sin sanciones.
“Automáticamente los tenían mapeados y procedían a intervenirlos o coaccionarlos para que paguen, o los enviaban al depósito”, explicó el coronel Cruz Chamba.
La misma modalidad se aplicaba contra transportistas informales, quienes eran obligados a entregar dinero para evitar incautaciones o papeletas.
Fiscalía estima más de S/ 1 millón en ganancias ilícitas
La investigación está a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (2° Despacho), liderada por el fiscal Richter Rengifo Ramírez.
Según las pesquisas preliminares, la organización criminal habría obtenido más de S/ 1 millón en beneficios ilegales entre 2024 y 2025. Los pagos se realizaban en efectivo o a través de aplicaciones móviles como Yape y Plin, utilizando cuentas de terceras personas para evitar el rastro directo.
ATU aún no se pronuncia
Hasta el momento, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la detención de sus trabajadores.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar cuántos funcionarios más estarían involucrados y cómo se estructuró la red que operaba dentro del sistema de fiscalización municipal.