La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó un dictamen que establece sanciones más severas para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que colaboren con organizaciones criminales. La propuesta, presentada por el congresista Manuel García Correa (APP), establece penas de entre 30 años y cadena perpetua para aquellos que faciliten las actividades ilegales de estos grupos, con el objetivo de combatir la creciente inseguridad ciudadana.
El dictamen también contempla que, si las organizaciones criminales con las que un miembro de las fuerzas del orden colabora cometen actos violentos que resulten en muertes o lesiones graves, se aplique la pena de cadena perpetua, incluso si el policía o militar no participa directamente en los hechos violentos. De esta manera, se busca castigar más severamente la traición a la confianza pública y proteger a la ciudadanía de aquellos que usan su posición para delinquir.
En paralelo, la Comisión aprobó otras iniciativas enfocadas en la lucha contra la criminalidad. Entre ellas destaca la creación de un registro obligatorio para las maquinarias pesadas utilizadas en sectores como minería, construcción y transporte. Este registro tiene como objetivo asegurar la legalidad y trazabilidad de estos equipos, ayudando a combatir la delincuencia organizada y la informalidad en varios sectores productivos.
Por otro lado, también se aprobó una reforma a la Ley N.º 30364 para facilitar la presentación de denuncias por violencia de género y familiar, permitiendo que las víctimas puedan hacerlo desde cualquier lugar, no solo desde su lugar de residencia. La Comisión también introdujo cambios en el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos para incorporar el uso de inteligencia artificial en los delitos, adaptando la legislación a los nuevos desafíos tecnológicos.
