El Congreso de la República debate una nueva iniciativa legislativa relacionada con el proceso de reorganización de Petroperú S. A.. El congresista Alfredo Pariona Sinche, de la Bancada Socialista, presentó un proyecto de ley que plantea declarar como Patrimonio Cultural de la Nación el edificio principal de la petrolera estatal, ubicado en el distrito limeño de San Isidro.
La propuesta busca impedir que este inmueble sea considerado dentro del plan de promoción de activos que viene elaborando ProInversión, en el marco de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar la crisis financiera de la empresa.
Proyecto apunta a declarar el inmueble como bien inalienable
El Proyecto de Ley N.° 13810/2025-CR, presentado el 22 de enero, sostiene que la sede de Petroperú debe ser reconocida como un bien de dominio público inalienable e imprescriptible, debido a su valor histórico, simbólico y arquitectónico.
Según el texto legislativo, el edificio representa un símbolo del nacionalismo económico y del proceso de modernización del Perú, al haber sido concebido durante una etapa en la que el Estado impulsaba activamente el desarrollo industrial y energético del país.
Argumentos históricos y arquitectónicos
El congresista Pariona destaca que el diseño del edificio evoca una torre de perforación petrolera, elemento que, a su juicio, refleja la identidad institucional de Petroperú y el rol estratégico que ha desempeñado la empresa en la historia económica nacional.
En la exposición de motivos, el parlamentario subraya que la estructura ubicada en el centro financiero de San Isidro es parte del patrimonio urbano moderno de Lima y constituye un testimonio del impulso estatal hacia la industrialización y la soberanía energética.
Objetivo: excluirlo del plan de ProInversión
Uno de los puntos centrales del proyecto es que, al ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el edificio no pueda ser incluido en la lista de activos que ProInversión evalúa como parte del proceso de reorganización de Petroperú.
La iniciativa señala que esta medida permitiría proteger el inmueble de una eventual venta o transferencia, en un contexto en el que el Gobierno ha encargado a la agencia estatal identificar activos que podrían generar interés del sector privado.
Uso con fines educativos y públicos
El proyecto de ley también plantea que el edificio, en su condición de bien público, pueda destinarse al fortalecimiento de la educación superior pública, sin detallar aún los mecanismos concretos para dicho fin.
Como disposición complementaria, se encarga al Poder Ejecutivo priorizar las acciones necesarias, dentro de sus competencias, para garantizar el cumplimiento de la eventual ley, en caso de ser aprobada por el Pleno del Congreso.
Reorganización de Petroperú y debate político
La iniciativa legislativa se presenta en medio del debate generado por el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que establece medidas para la reorganización de Petroperú. Este proceso ha sido cuestionado por diversos sectores políticos ante el temor de una posible privatización encubierta de la empresa estatal.
Frente a estas críticas, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, ha descartado públicamente cualquier intención de privatizar Petroperú, señalando que el Estado mantendrá la propiedad de la empresa y de sus activos estratégicos.
Posición del Ejecutivo sobre los activos
Según explicó la titular del MEF, el plan a cargo de ProInversión busca identificar bloques patrimoniales que puedan convertirse en unidades de negocio, permitiendo la participación privada mediante la inyección de capital, sin que ello implique la pérdida del control estatal.
Miralles sostuvo que estas medidas son necesarias debido al colapso financiero que enfrenta Petroperú y afirmó que el plan de promoción de activos podría presentarse antes de culminar enero, acelerando los plazos inicialmente previstos.
Un nuevo foco de tensión en el Congreso
La propuesta de Alfredo Pariona se suma a una serie de iniciativas y mociones que reflejan la tensión política alrededor del futuro de Petroperú. En el Parlamento, el proceso de reorganización ha derivado incluso en intentos de censura contra la ministra de Economía y cuestionamientos al Ejecutivo.
En ese escenario, el debate sobre la declaratoria del edificio como Patrimonio Cultural anticipa una nueva confrontación política, donde se cruzan la defensa del patrimonio estatal, la crisis financiera de la petrolera y el rol del sector privado en su eventual recuperación.