La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado oficial para desmentir presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de cámaras de videovigilancia para buses del transporte público. La entidad aseguró que la contratación aún se encuentra en curso y que no se ha otorgado Buena Pro ni adjudicado el proyecto a ninguna empresa.
Según la ATU, la iniciativa busca mejorar la seguridad de conductores y usuarios del transporte urbano, respondiendo únicamente a criterios técnicos y respetando la normativa vigente sobre transparencia y procesos públicos.
Transparencia y control en el proceso
El comunicado destaca que la ATU, como entidad técnica, ha realizado las consultas correspondientes a las áreas técnicas involucradas y no ha recibido observaciones de ninguna empresa interesada en la contratación. Asimismo, reafirma que todas las actividades se realizan en cumplimiento de la ley y los mecanismos de control establecidos.
La institución subrayó que su compromiso con la integridad y la transparencia es absoluto, y que continuará colaborando con los órganos de control en caso de que se requiera supervisión adicional.
Sistema de videovigilancia en 8,000 buses
El proyecto de videovigilancia, aún en proceso de adquisición, contempla la instalación de cámaras en 8,000 unidades de transporte regular en Lima y Callao, con el objetivo de disuadir delitos, monitorear la seguridad de los pasajeros y optimizar la gestión de emergencias en el transporte público.
Las autoridades de la ATU señalaron que la implementación de este sistema es urgente y necesaria, considerando los niveles de inseguridad que afectan a los conductores y usuarios del servicio urbano. La entidad reafirmó que todas las decisiones del proceso se realizan bajo criterios técnicos, sin favoritismos ni influencias externas.
Compromiso con la ciudadanía
La ATU enfatizó que mantiene su política de mejora continua de los procesos y reiteró que la contratación se desarrollará conforme a la normativa vigente, garantizando equidad y transparencia. Con esta medida, la institución busca proteger a los usuarios del transporte público y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión del transporte urbano en Lima y Callao.