La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) abrió la posibilidad de que los choferes urbanos utilicen chalecos antibalas como parte de un paquete de medidas de protección frente al creciente clima de violencia que afecta al transporte público. La propuesta, que hasta hace poco parecía extrema, hoy empieza a tomar forma en medio de un patrón sostenido de extorsiones, ataques armados y amenazas contra empresas y conductores.
El presidente de la ATU, David Hernández, aseguró que toda disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP) será acatada. La declaración se produce mientras varios corredores formales reportan nuevas modalidades de intimidación y un incremento de ataques directos, que han obligado incluso a blindar vehículos.
¿Por qué la ATU no descarta los chalecos antibalas?
El presidente de la entidad fue directo: “Si se plantea el uso de chalecos antibalas, por supuesto que lo tomaremos en cuenta”. La afirmación se sostiene en el rol de la PNP como autoridad rectora en materia de seguridad ciudadana.
La ATU reconoce que los operadores del transporte urbano están siendo blanco de bandas que utilizan la violencia para imponer el cobro de cupos, paralizar rutas o intimidar a las empresas formales. Por ello, Hernández señaló que seguirán todas las recomendaciones técnicas que proponga la Policía, desde equipamiento de protección hasta nuevas estrategias de patrullaje.
La pregunta clave es inevitable: ¿hasta qué punto la inseguridad ha escalado para que una entidad estatal considere el uso de chalecos como parte del trabajo cotidiano?
Según fuentes del sector, varios conductores ya adoptaron medidas por cuenta propia tras recibir amenazas directas o ser víctimas de ataques en zonas críticas de Lima Este, Lima Norte y el Callao.
Transporte urbano bajo fuego: el contexto que presiona a la ATU
El escenario de violencia no es nuevo, pero sí más intenso. Los gremios de transporte han denunciado que mafias dedicadas a la extorsión están detrás del aumento de ataques con armas de fuego, incendios provocados y amenazas sistemáticas contra choferes y cobradores.
Casos recientes —incluyendo la quema de buses, disparos contra unidades en ruta y agresiones contra conductores— han obligado a varias empresas a blindar cabinas o entregar chalecos de protección por iniciativa propia.
La interrogante que surge es: ¿está el transporte público viviendo un punto crítico comparable a zonas de conflicto?
Para la ATU, la situación amerita acciones extraordinarias. La entidad asegura que respaldará cualquier disposición de la PNP, dado que las bandas que operan en los corredores de transporte utilizan métodos similares a los del crimen organizado.
Apoyo a operadores formales y trabajo conjunto con la PNP
Hernández reiteró que la ATU buscará proteger a los operadores que cumplen con la formalidad. “Seguiremos todas las medidas necesarias que sugieran quienes dominan este tema”, dijo, en referencia a la Policía y sus unidades de inteligencia.
La entidad sostiene que la lucha contra la inseguridad debe ser integral: desde la depuración de rutas informales que sirven como cobertura para mafias, hasta la presencia permanente de la PNP en zonas de riesgo. La coordinación también incluirá el uso de mapas del delito, análisis de patrones de ataque y sistematización de denuncias para identificar a las organizaciones responsables.
¿Cuánto afectaría esta medida al sector transporte?
El uso obligatorio de chalecos antibalas, de aplicarse, tendría impactos logísticos, operativos y económicos.
Entre ellos:
- Mayor costo operativo para empresas y conductores.
- Necesidad de homologación y certificación de los chalecos.
- Ajustes en protocolos de trabajo y capacitación.
- Potenciales complicaciones en la comodidad y movilidad del conductor.
Surge así otra pregunta clave: ¿es viable aplicar esta medida a más de 30 mil conductores que operan diariamente en Lima y Callao?
La ATU no lo ha definido aún, pero sí ha dejado claro que la seguridad se convertirá en la prioridad central de los próximos meses, incluso si implica adoptar decisiones inéditas.
Un sector que busca sobrevivir en medio del riesgo
Mientras el Estado define nuevas acciones, conductores y empresas continúan operando bajo un riesgo permanente. La ATU insiste en que su compromiso es “respaldar a los operadores formales” y colaborar con la PNP para reducir el impacto del crimen organizado en el transporte urbano.
En un sector que mueve millones de pasajeros al día, la inseguridad ya no se limita a robos ocasionales: hoy involucra ataques dirigidos, extorsiones y amenazas de muerte. Por ello, la posibilidad de ver choferes usando chalecos antibalas —antes impensable— ya no es descartada por ninguna autoridad.