El 2 de abril de 2025, el Congreso de la República aprobó un dictamen clave que autoriza a la Policía Nacional del Perú (PNP) a emplear armas de fuego en situaciones de flagrancia. Con 81 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, la medida fue aprobada durante una sesión nocturna que puso en evidencia la creciente preocupación por la seguridad pública en el país. Esta nueva normativa modifica el Decreto Legislativo 1186, el cual regula el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales.
La modificación establece que los efectivos podrán utilizar armas letales y no letales, así como armas de fuego, en circunstancias en las que se esté cometiendo un delito flagrante, y cuando su vida o la de terceros esté en grave peligro. En estos casos, la policía podrá actuar en defensa propia y usar la fuerza letal si lo considera necesario, lo que ha sido justificado por el Congreso como una respuesta urgente ante el incremento de la criminalidad, incluyendo el sicariato y la extorsión.
Sin embargo, la aprobación de este dictamen ha generado controversia. Si bien algunos congresistas, como Adriana Tudela, celebraron la medida al considerarla una herramienta crucial para que la PNP cumpla su mandato constitucional en situaciones de violencia extrema, otras voces critican los riesgos que implica en términos de derechos humanos. El dictamen no requerirá una segunda votación, pues se admitió la exoneración de la misma, y ahora queda en manos del Ejecutivo decidir su promulgación.
Esta decisión, que fortalece la lucha policial contra el crimen organizado, podría influir en la regulación del uso de la fuerza en el país, a la espera del pronunciamiento del gobierno de Dina Boluarte. La seguridad y los derechos ciudadanos siguen siendo un debate sensible y polarizado en la política peruana.
