El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 84 votos a favor, el dictamen que excluye a los trabajadores del Tribunal Constitucional (TC) del ámbito de aplicación de la Ley SERVIR, modificando la Ley 30647. Esta medida tiene como propósito garantizar la autonomía e independencia del TC, pilares fundamentales de su labor en defensa de la Constitución.
La norma, sustentada en el Proyecto de Ley 10747/2024-CR y exonerada de segunda votación, establece que el personal del TC se regirá bajo el régimen laboral de la actividad privada. Esto responde, según el dictamen, a la especial naturaleza de sus funciones, el alto grado de especialización requerido y la necesidad de fortalecer la carrera profesional en la institución.
Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, indicó que esta modificación busca evitar interferencias de otros poderes del Estado en la gestión interna del TC. Para ello, se otorga al presidente del organismo la facultad de definir políticas de recursos humanos, incluyendo contratación, evaluación, capacitación y régimen disciplinario.
Asimismo, la norma incorpora un nuevo literal (1.5) a la Ley 30647, en el que se oficializa este marco de gestión interna. Finalmente, se dispone la derogación de toda norma que se oponga a esta disposición, consolidando la exclusión del TC del régimen general de administración pública.