El acceso a la educación superior en el Perú continúa siendo una de las principales demandas sociales. Con 74 votos a favor, 5 en contra y 30 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que permitirá la creación de universidades nacionales en 15 departamentos del país. La iniciativa, impulsada por la Comisión de Educación, fue observada por el Ejecutivo, pero el Parlamento decidió insistir en su promulgación al considerar que responde a una necesidad urgente de cerrar brechas educativas.
Un proyecto para ampliar la cobertura universitaria
El presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo (Perú Libre), sostuvo que cada año egresan más de 400 mil estudiantes de la educación básica, pero solo tres de cada diez logran continuar en la universidad. En ese contexto, la creación de nuevas instituciones públicas busca abrir mayores oportunidades de formación para los jóvenes del Perú profundo.
La norma se enmarca en la Política Nacional de Educación Superior y recoge recomendaciones del CEPLAN, que advierte sobre la limitada oferta universitaria en las regiones de la sierra y selva. Según Montalvo, la implementación se realizará con criterios de progresividad y no comprometerá el equilibrio fiscal, lo que significa que el financiamiento será escalonado.
Las regiones beneficiadas
Con la aprobación, el Congreso autorizó la creación de universidades nacionales en: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali.
Para ello, se acumularon más de 30 proyectos de ley presentados por diversas bancadas. Entre los principales argumentos, los congresistas señalaron que estas regiones llevan décadas solicitando universidades para garantizar igualdad de oportunidades. El parlamentario Alex Paredes (Somos Perú) calificó la decisión como un acto de “justicia social” y un hito para los jóvenes que buscan acceder a educación pública de calidad.
Las críticas al proyecto
No obstante, la iniciativa no estuvo libre de cuestionamientos. El congresista Roberto Kamiche (APP) advirtió que existen universidades públicas con graves problemas financieros y de gestión, como la Universidad San Luis Gonzaga de Ica o la Nacional de Trujillo, lo que evidencia que la creación de más centros podría ser insostenible.
Kamiche preguntó: “¿Por qué no repotenciar las universidades existentes y crear filiales en lugar de vender humo al ciudadano?”. Su posición refleja una preocupación extendida: que la expansión de la oferta educativa sin una estrategia de calidad pueda generar más instituciones con deficiencias académicas e infraestructura limitada.
Una apuesta política y social
A pesar de las críticas, otros congresistas defendieron la aprobación del dictamen. Guido Bellido (Perú Libre) remarcó que se trata de una demanda histórica de regiones que han peregrinado al Parlamento para exigir universidades. Asimismo, Flavio Cruz recordó que la dificultad real vendrá después, al garantizar financiamiento y gestión, pero confió en que las comunidades sabrán levantar las nuevas instituciones.
En su intervención final, Segundo Montalvo celebró la medida como un paso trascendental: “Estamos regalando 20 universidades a 15 regiones. ¡Viva el Congreso Bicentenario!”.
Pregunta clave: ¿se privilegia cantidad sobre calidad en la educación superior?
La decisión del Congreso plantea un dilema central: ¿es suficiente abrir más universidades para cerrar la brecha educativa, o se corre el riesgo de repetir deficiencias ya presentes en otras instituciones? Los especialistas recuerdan que la calidad de la enseñanza, la investigación y la infraestructura son factores esenciales que no se resuelven únicamente con nuevas sedes. El reto ahora será asegurar que los estudiantes no solo tengan acceso a más universidades, sino a mejores oportunidades académicas.
Impacto en la política educativa
Con esta aprobación, el Congreso marca un precedente en la política educativa del país, al impulsar una norma que amplía la cobertura territorial de la educación universitaria. Sin embargo, la implementación dependerá de la capacidad del Estado para asignar recursos, garantizar calidad académica y responder a las demandas del mercado laboral.
El debate sobre las universidades nacionales refleja una tensión de fondo: el equilibrio entre ampliar el acceso y garantizar estándares de calidad. Si bien la medida representa un triunfo para las regiones que reclamaban igualdad de oportunidades, también deja abierta la interrogante sobre si el sistema universitario peruano está preparado para sostener esta expansión.