El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso el inicio del procedimiento de nulidad de nombramiento de 42 docentes que habrían presentado certificados de discapacidad falsos para acceder a una bonificación del 15 % en los Concursos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial realizados en los años 2022 y 2024. Además, la cartera anunció el inicio de acciones penales y procedimientos disciplinarios contra los presuntos responsables, en el marco de su política de integridad y transparencia en el sector educación.
El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, Jorge Figueroa, quien precisó que esta medida es resultado de un proceso de verificación exhaustivo de los documentos presentados por docentes que obtuvieron puntaje adicional por condición de discapacidad. Según explicó, la revisión permitió detectar inconsistencias graves en un grupo específico de nombramientos, lo que obliga al Estado a actuar para preservar la legalidad y el principio del mérito en el acceso a la función pública docente.
Bonificación por discapacidad bajo revisión nacional
De acuerdo con la información oficial, entre los años 2022 y 2024 ingresaron a la Carrera Pública Magisterial un total de 97 675 docentes a nivel nacional. De ese universo, 3005 maestros accedieron a una bonificación del 15 % sobre su puntaje total al acreditar una condición de discapacidad, beneficio contemplado en las bases de los concursos públicos como una medida de inclusión.
Tras descontar a los docentes que renunciaron posteriormente a su nombramiento, el Minedu concentró la revisión en 2988 casos. Para ello, remitió la relación completa al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y contrastó la información con el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) del Ministerio de Salud.
El cruce de datos arrojó que 2773 docentes sí cuentan con registro válido en Conadis, mientras que otros 173 figuran con certificados médicos registrados en el sistema del Minsa. Sin embargo, se identificó un grupo de 42 docentes que no aparece en ninguno de los sistemas oficiales, lo que constituye un indicio razonable de que los certificados presentados carecerían de existencia legal o validez administrativa.
Procedimientos de nulidad y posibles sanciones penales
Ante esta situación, el Minedu dispuso que todos los casos sean derivados a las respectivas Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) para que se inicie el procedimiento de nulidad de oficio de los nombramientos. Este proceso administrativo podría dejar sin efecto el ingreso de los docentes involucrados a la Carrera Pública Magisterial.
De manera paralela, el ministerio anunció que se activarán las acciones penales correspondientes, al existir indicios de la presunta comisión de delitos vinculados a la falsificación de documentos y fraude en perjuicio del Estado. Asimismo, se iniciarán procedimientos disciplinarios no solo contra los docentes implicados, sino también —de confirmarse responsabilidades— contra los integrantes de los comités evaluadores que participaron en los concursos.
Desde el sector Educación se subrayó que el uso de documentación falsa para obtener ventajas en concursos públicos no solo vulnera la ley, sino que afecta directamente la confianza en el sistema educativo y perjudica a miles de docentes que accedieron a una plaza de manera legítima.
Impacto en la Carrera Pública Magisterial
La Carrera Pública Magisterial es uno de los pilares de la política educativa del Estado, al regular el ingreso, ascenso y permanencia de los docentes bajo criterios de evaluación, meritocracia y transparencia. Por ello, cualquier irregularidad en los procesos de nombramiento tiene un impacto directo en la credibilidad del sistema y en la calidad del servicio educativo.
Especialistas en gestión pública señalan que la bonificación por discapacidad cumple un rol importante en la promoción de la inclusión, pero advierten que su uso indebido distorsiona el objetivo de la norma. En ese sentido, destacan la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación previa para evitar que beneficios legítimos sean aprovechados de manera fraudulenta.
El Minedu indicó que este caso evidencia la importancia de la interoperabilidad entre las bases de datos del Estado, como Conadis y el Minsa, y adelantó que se reforzarán los controles en futuros concursos para detectar irregularidades antes de la adjudicación de plazas.
Compromiso con la transparencia y el mérito
El ministro Jorge Figueroa reafirmó que la prioridad del sector es garantizar procesos de nombramiento íntegros, transparentes y basados en el mérito, y aseguró que no se tolerarán prácticas que vulneren estos principios. En esa línea, señaló que el Minedu continuará fortaleciendo las acciones de revisión, monitoreo y seguimiento de los concursos públicos docentes.
Asimismo, recalcó que las medidas adoptadas no buscan estigmatizar a los docentes con discapacidad, sino proteger un beneficio que existe para garantizar igualdad de oportunidades. “La transparencia es una obligación del Estado y una garantía para los miles de maestros que sí cumplen las reglas”, sostuvo.
Mientras avanzan los procedimientos administrativos y judiciales, el caso abre un nuevo debate sobre los controles en los concursos públicos y la necesidad de sanciones ejemplares frente a actos que afectan la confianza ciudadana en las instituciones. Para el Minedu, la anulación de estos nombramientos marcará un precedente en la defensa de la legalidad dentro del sistema educativo.