La tensión entre los gobiernos regionales y el Ejecutivo se agudiza al inicio del 2026. El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, solicitó evaluar la permanencia en el cargo del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, tras sus recientes declaraciones sobre la minería ilegal y la persistente violencia en la provincia de Pataz (La Libertad).
El reclamo surge luego del enfrentamiento ocurrido el pasado 31 de diciembre en la bocamina Papagayo, que dejó un saldo de tres fallecidos. Noriega calificó de inaceptable que, tras casi dos años de estado de emergencia en la zona y un registro de 49 víctimas mortales solo en 2025, el premier sugiera que no es obligación del Estado controlar la minería ilegal.
Responsabilidad constitucional en disputa
En entrevista con RPP, el titular de la ANGR rechazó que el Ejecutivo intente atribuir la crisis a las gestiones regionales. Noriega enfatizó que, bajo la Constitución Política, el control de las zonas declaradas en estado de emergencia recae estrictamente en el Gobierno central a través de las fuerzas del orden.
“Es una postura que desconoce la gravedad del problema y la responsabilidad política del Ejecutivo. El control territorial en Pataz evidencia una ausencia absoluta por parte del Estado central”, afirmó Noriega, quien calificó de “centralista” la narrativa que responsabiliza a las regiones de la falta de fiscalización.
Falta de presupuesto y competencias
Noriega aclaró que, si bien las regiones tienen ciertas funciones administrativas, las competencias reales de fiscalización y sanción de alto impacto siempre han estado centralizadas. Aseguró que los gobiernos regionales recibieron encargos sin el presupuesto ni los recursos técnicos necesarios para enfrentar organizaciones criminales vinculadas a la minería.
Ante la falta de resultados en la pacificación de Pataz y lo que considera un deslinde de funciones por parte de Ernesto Álvarez, el representante de los gobernadores insistió en que el Ejecutivo debe asumir el costo político por la violencia persistente en el norte del país.