Alcalde de Punta de Bombón es condenado a 6 años de prisión efectiva

El burgomaestre, José Miguel Ramos Carrera, fue sentenciado por los delitos de negociación incompatible y peculado de uso. Esta decisión se basa en hechos ocurridos durante su gestión entre 2015 y 2018.

por Edgar Mandujano

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Supraprovincial para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Arequipa dictó sentencia contra el alcalde distrital de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera. El juez José Málaga Pérez halló responsabilidad penal en el burgomaestre por los delitos de negociación incompatible y peculado de uso, imponiéndole una condena de seis años de prisión efectiva. Esta decisión se basa en hechos ocurridos durante su gestión entre 2015 y 2018.

Según lo determinado en juicio oral, el alcalde habría intervenido de manera indebida en la contratación de Eva Centeno Guevara, con quien mantenía una relación sentimental. Esta contratación irregular constituye el delito de negociación incompatible, por el cual se le impusieron cuatro años de pena privativa de la libertad. Además, se le encontró responsable de haber entregado una laptop, propiedad de la municipalidad, para fines personales, configurando así el delito de peculado de uso, sancionado con dos años adicionales.

La sentencia también establece la inhabilitación del funcionario por un periodo de diez años para ejercer cargos públicos, así como el pago de una multa de 360 días y una reparación civil de 10 mil soles. Esta decisión marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en gobiernos locales y refuerza el compromiso del sistema judicial con la transparencia en la administración pública.

Cabe precisar que la condena aún no es firme y se hará efectiva una vez quede consentida y ejecutoriada. No obstante, el caso ya genera impacto en la opinión pública de Arequipa y resalta la necesidad de un mayor control en las contrataciones dentro de las municipalidades distritales. La Fiscalía y el Poder Judicial continúan reforzando acciones contra el uso indebido de recursos del Estado y el favorecimiento personal en la función pública.

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