El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, verificó este miércoles el cese del cobro de peajes en Villa y Punta Negra, una medida que se ejecuta tras la reciente resolución judicial que ordenó suspender los pagos en los peajes del sur de la capital. La disposición, impulsada por la Municipalidad de Santa María del Mar, fue adoptada luego de detectar presuntas irregularidades en el proceso de concesión de la empresa Rutas de Lima.
Fin de un cobro cuestionado
Durante su visita a las garitas de Villa y Punta Negra, Reggiardo confirmó que el cobro de peajes fue suspendido y destacó que su gestión respaldará toda decisión judicial orientada a proteger a los usuarios. “Estamos haciendo cumplir una orden legítima del Poder Judicial. Este es un acto de justicia frente a un cobro que afectaba a miles de ciudadanos”, expresó el burgomaestre.
El fallo, producto de una larga disputa legal, responde a las denuncias de arbitrariedad en la concesión otorgada a Rutas de Lima durante gestiones anteriores. La controversia gira en torno a los contratos de peajes que, según los municipios involucrados, generaban tarifas abusivas y cláusulas lesivas para los intereses de la ciudad.
¿Qué pasará con el mantenimiento vial?
Ante la suspensión del cobro, una de las principales inquietudes es quién se encargará del mantenimiento de las vías. Reggiardo adelantó que, en caso de que la concesionaria incumpla sus obligaciones, la empresa municipal EMAPE podría asumir temporalmente el control operativo.
“Estamos preparados para intervenir de forma inmediata si fuera necesario. EMAPE cuenta con recursos y capacidad técnica para mantener las vías en buen estado y garantizar la seguridad de los usuarios”, aseguró el alcalde.
El municipio metropolitano ya ha evaluado escenarios alternativos para asegurar la continuidad del servicio, incluso si el litigio con Rutas de Lima se prolonga. La prioridad, enfatizó Reggiardo, es que los ciudadanos no sean los perjudicados por una disputa contractual.
Continuidad del contrato y proceso judicial
Aunque el cobro haya sido detenido, el contrato de concesión sigue vigente, y la empresa Rutas de Lima continúa legalmente obligada a cumplir con el mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, el proceso judicial aún podría extenderse mientras se revisan los términos del acuerdo y los posibles excesos cometidos durante su ejecución.
El equipo legal de la Municipalidad, encabezado por el abogado Wilber Medina, ha sido clave en esta ofensiva judicial. Medina ya había liderado acciones exitosas que lograron la suspensión del peaje en Puente Piedra, caso emblemático que marcó un precedente para las actuales medidas. Según adelantó, el municipio no descarta acciones legales adicionales en otros tramos de la red vial concesionada.
¿Por qué se cuestiona a Rutas de Lima?
La concesionaria, vinculada al consorcio brasileño Odebrecht, ha sido objeto de múltiples observaciones desde hace años. Los cuestionamientos incluyen supuestos sobrecostos en los contratos, ampliaciones de plazo irregulares y una falta de transparencia en la ejecución de obras complementarias.
La Municipalidad Metropolitana de Lima busca que el proceso judicial determine si el contrato puede ser revisado o incluso revertido, en defensa del interés público y la libre circulación de los ciudadanos.
Supervisión y control ciudadano
Durante su recorrido, Reggiardo remarcó que el municipio implementará mecanismos de fiscalización permanente sobre las operaciones viales, no solo en los peajes suspendidos, sino en toda la red concesionada. “La ciudadanía exige transparencia y resultados. Vamos a seguir actuando con firmeza”, afirmó.
La medida representa un golpe directo a la estructura de concesiones viales heredadas, muchas de las cuales han sido blanco de investigaciones fiscales y auditorías por presuntas irregularidades. Con la suspensión de los cobros en el sur y el eventual ingreso de EMAPE, Lima inicia una etapa de revisión del modelo de gestión vial que se mantuvo inalterable durante más de una década.
Implicancias políticas y ciudadanas
El gesto del alcalde también tiene lectura política: se trata de una acción visible de defensa del ciudadano frente a las grandes concesionarias, un tema sensible en el debate público limeño. Sectores vecinales de Villa y Punta Negra celebraron la medida como una “victoria contra los abusos”, mientras que la empresa aún evalúa sus próximos pasos legales.
De esta forma, Lima enfrenta una transición clave en su política de infraestructura, en la que el municipio busca asumir un rol más activo en la administración de vías estratégicas y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública.