Alcalde acusado de intento de feminicidio: MIMP exige justicia y brinda atención integral a la víctima en Huaura

La ministra de la Mujer supervisó directamente la atención a la víctima y pidió sanción ejemplar contra el alcalde Diego Castillo.

por Edgar Mandujano

¿Qué pasó en Medio Mundo y por qué este caso indigna al país?

Un nuevo caso de violencia de género ha remecido la opinión pública. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encabezado por la ministra Fanny Montellanos Carbajal, intervino de manera urgente tras la denuncia contra el alcalde del centro poblado de Medio Mundo, Diego Castillo Crisóstomo, acusado de un intento de feminicidio contra su expareja en la provincia de Huaura, región Lima.

La agresión fue captada por cámaras de seguridad, cuyas imágenes evidencian la brutalidad del ataque, en lo que constituye un presunto delito de tentativa de feminicidio. Tras la difusión del caso, el agresor fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que el Ministerio Público anunció que solicitará prisión preventiva.


El MIMP actúa: atención integral y exigencia de justicia

En respuesta inmediata, la ministra Fanny Montellanos se trasladó hasta la ciudad de Huacho para supervisar personalmente el estado de salud de la víctima y las medidas de protección activadas.

“La víctima ya viene recibiendo atención especializada a través del Programa Nacional Warmi Ñan”, detalló la titular del MIMP, quien además informó que se ha dispuesto el acompañamiento psicológico, legal y social para la víctima y su entorno cercano.

“No vamos a permitir que este hecho quede impune. Exigimos a la Policía Nacional y al Ministerio Público actuar con celeridad para proteger a la víctima y sancionar ejemplarmente al agresor”, señaló Montellanos desde la sede local del Centro de Emergencia Mujer (CEM).


Un caso que vuelve a evidenciar los vacíos en prevención

El intento de feminicidio que ha puesto en la mira al alcalde Castillo no solo expone la persistente violencia estructural contra las mujeres, sino también la necesidad urgente de reforzar los sistemas de prevención, especialmente en zonas rurales o de menor visibilidad mediática como Medio Mundo, distrito de Végueta, provincia de Huaura.

Desde el Congreso y organizaciones de mujeres ya se han hecho públicos pronunciamientos que exigen la inhabilitación inmediata del agresor de toda función pública y una investigación sin dilaciones.


¿Quién es el agresor y qué medidas se han tomado?

Diego Castillo Crisóstomo es alcalde del centro poblado de Medio Mundo, una autoridad que, según los registros oficiales, no contaba con denuncias públicas previas. Sin embargo, el registro audiovisual del ataque, sumado al testimonio de la víctima, configura un caso grave que ha encendido las alarmas en los organismos de justicia.

La Fiscalía anunció que solicitará prisión preventiva, mientras que la víctima permanece bajo protección y atención médica. A nivel legal, el MIMP continúa articulando con las instancias correspondientes para garantizar que el proceso judicial se desarrolle con perspectiva de género.


Acciones del MIMP: acompañamiento y seguimiento

Además del despliegue de profesionales del Programa Warmi Ñan, la ministra Montellanos indicó que el Ministerio acompañará el proceso judicial, garantizando el respeto a los derechos de la víctima en cada etapa. “Desde el MIMP reafirmamos nuestro compromiso de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y garantizar justicia para las víctimas”, subrayó.

Este tipo de intervenciones, consideradas “integrales”, incluyen:

  • Asistencia legal para el proceso penal.
  • Acompañamiento psicológico para la recuperación emocional.
  • Coordinación con organismos como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
  • Supervisión para garantizar medidas de protección efectivas.

¿Por qué este caso debe marcar un antes y un después?

Este nuevo hecho de violencia de género que involucra a una autoridad electa ha causado profunda preocupación entre especialistas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo es posible que una persona que ocupa un cargo público esté involucrada en un intento de feminicidio?

Organizaciones feministas han señalado que este caso no debe ser tratado como uno más en las estadísticas, sino como un llamado urgente a revisar los filtros éticos y judiciales para acceder a cargos públicos, así como la necesidad de un registro de funcionarios con denuncias por violencia de género.

Perú en cifras: la violencia que no cesa

Según el Ministerio de la Mujer, solo en el primer semestre de 2025, se han registrado más de 70 intentos de feminicidio y 36 feminicidios consumados. En muchos casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y un alto porcentaje de los hechos se cometieron en presencia de menores de edad.

El caso de Huaura se suma a esta larga lista, pero destaca por el grado de brutalidad y por tratarse de una figura de autoridad pública, lo que agrava su impacto.


¿Qué se espera ahora?

El Ministerio de la Mujer ha dejado en claro que mantendrá el caso como prioridad nacional, y que seguirá de cerca cada paso del proceso penal. La ciudadanía y las organizaciones civiles también han manifestado su intención de vigilar el avance del caso para evitar impunidad.

El mensaje de la ministra fue categórico: “El Perú no puede tolerar más violencia contra las mujeres. Basta ya”.

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