El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, tendrá una reunión con los acreedores laborales de Doe Run Perú (DRP) el próximo lunes 13 de mayo, a fin de resolver la problemática del cobro de fondos vinculados a un fideicomiso. Cabe señalar que estos serán destinados primordialmente a continuar con el pago de deuda laboral corriente y deuda laboral concursal a favor de aproximadamente 3,500 extrabajadores.
Como se recuerda, existe un Contrato de Fideicomiso Ambiental en Administración suscrito el 06 de julio de 2006 entre DRP, el banco Scotiabank con la participación del Minem.
En el marco del mencionado contrato se mantiene una «Cuenta Recolectora ME» en el Scotiabank, que al 31.12.2022 alcanzaba los US$ 4,807,523.46 (Informe del banco de fecha 21.04.2023).
De otro lado, se conoce que el 2010, según un informe de la DGM-Minem de 14.07.2023, el Minem ejecutó la «Carta Fianza NºG703438 debido a que no se renovó, y dispuso que el monto de US$ 14,629,651.55 se depositara en la cuenta Nº17000030117 a nombre del MINEM, en el Banco de la Nación.
“Entre el 2012 al 2022, cinco ex liquidadores ante el Minem la devolución de los fondos de dinero del fideicomiso a fin de reintegrarlos a la masa de liquidación, y destinarlos al pago de la deuda laboral de aprox. 3,500 ex trabajadores de DRP, pero no tuvieron éxito” explicó Elvis Yupanqui Camarena, ex trabajador de la mina Cobriza.
Yupanqui señala que desde el 2022, en la gestión de la sexta liquidadora: Consultores A-1 S.A.C., los funcionarios del MINEM continúan dilatando la atención a la solicitud.
Si la ley concursal 27809 requiere de una modificación a fin de que se precise cuáles bienes dinerarios en fideicomiso o garantía en poder de terceros, deban ser devueltos a la masa de liquidación, habría que modificarla, y para esto se ha enviado al Minem y al Congreso una propuesta”, precisó Yupanqui.
Finalizó, señalando que, no obstante que el ministro Rómulo Mucho agendó una audiencia con el representante de los acreedores laborales, el malestar crece en las filas de los laborales de La Oroya y Cobriza puesto que son 12 años que no se les da una solución definitiva.