El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que una abogada fue intervenida cuando intentaba ingresar un microchip de celular al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho, durante el horario de visitas legales.
Según el reporte oficial, la mujer fue identificada como Mónica Liliana Meza Rivas, quien se presentó en el penal indicando que acudía en calidad de abogada del interno Víctor Moisés Manchego Plasencia, recluido en el pabellón 3 del centro penitenciario.
El hecho ocurrió durante el control de seguridad previo al ingreso al penal, procedimiento que forma parte de los protocolos habituales aplicados por el personal penitenciario.
Hallazgo ocurrió durante revisión de seguridad
De acuerdo con la información proporcionada por el INPE, el hallazgo se produjo cuando el personal de seguridad realizaba la revisión corporal correspondiente en el cubículo 4 del área de control.
Durante la inspección, los agentes penitenciarios detectaron un microchip escondido en el interior de un monedero, el cual se encontraba dentro del bolsillo del saco que llevaba la visitante.
Tras descubrir el objeto, el personal de seguridad procedió a aplicar los protocolos establecidos para estos casos, evitando el ingreso del dispositivo al interior del establecimiento penitenciario.
Caso fue comunicado a la Fiscalía y a la Policía
Luego de la intervención, las autoridades penitenciarias notificaron de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para que se inicien las diligencias correspondientes.
La abogada fue posteriormente trasladada a la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho, donde se realizarán las investigaciones para determinar las circunstancias del intento de ingreso del dispositivo.
Las autoridades policiales evaluarán si el caso configura algún delito vinculado al ingreso de objetos prohibidos a establecimientos penitenciarios.
INPE refuerza controles en centros penitenciarios
El INPE reiteró que los controles de seguridad se aplican sin excepción a todas las personas que ingresan a los penales, incluidos visitantes, abogados y personal autorizado.
La institución indicó que estas medidas buscan preservar el orden interno de los establecimientos penitenciarios y prevenir el ingreso de objetos prohibidos, como celulares o componentes electrónicos, que podrían ser utilizados por internos para cometer delitos desde prisión.
Asimismo, recordó que el ingreso de estos dispositivos constituye una infracción grave a las normas de seguridad penitenciaria.
Las autoridades penitenciarias señalaron que continuarán reforzando los controles en los distintos penales del país con el objetivo de evitar que se introduzcan objetos que puedan afectar la seguridad y el control dentro de los establecimientos penitenciarios.