El día de ayer se publicó en la gaceta oficial un régimen de excepción tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. La aprobación del decreto de Estado de Conmoción Exterior, otorga amplios poderes al Ejecutivo, en un contexto de tensión con Estados Unidos.
Este decreto, firmado por Maduro y respaldado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, entrará en vigor por un periodo inicial de 90 días, con la posibilidad de prórroga, lo que podría extender la vigencia de este estado de excepción hasta seis meses. La medida busca hacer frente a lo que el régimen considera una amenaza externa.
Alcance del decreto
Una de las principales disposiciones del decreto es la instrucción a los cuerpos de seguridad para que actúen contra quienes se perciban como colaboradores de la intervención estadounidense. El texto establece que “los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos”.
La activación del estado de conmoción no solo se basa en razones de seguridad, sino también en una serie de disposiciones excepcionales. Entre ellas se destacan:
- La militarización de sectores claves como la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado.
- La posibilidad de requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional, suspendiendo ciertos derechos como el de manifestación.
- La habilitación de “cualquier otra medida” que el gobierno estime necesaria para proteger a la población.
A pesar de que el decreto menciona la preservación de derechos fundamentales como la vida y la libertad personal, se reconoce explícitamente que se pueden restringir varias garantías durante su vigencia. Esto podría llevar a una fuerte restricción de los derechos durante el tiempo que dure este estado de excepción.
Un contexto de intervención y militarización
Este es el primer uso del Estado de Conmoción Exterior desde la aprobación de la Constitución de 1999. La activación de esta figura refleja la excepcionalidad y gravedad de la situación actual en Venezuela, marcada por la detención de Maduro y la escalada de tensiones con Washington.
El decreto no solo busca controlar la seguridad, sino que también hace un llamado a la ciudadanía para asumir la defensa de la nación “con fervor patriótico”, reforzando una narrativa de supervivencia nacional frente a la intervención extranjera. Este discurso busca movilizar a la población en un contexto de inestabilidad.
Desde 2024, el marco legal de Maduro ya había establecido sanciones severas para aquellos que apoyen acciones que causen “daño extranjero”, lo que aumenta el peso de estos lineamientos bajo el nuevo estado de conmoción. Aunque la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia podrían, en teoría, revocar el decreto, ambos poderes están controlados por el chavismo, limitando de manera significativa los contrapesos ante el aumento de poderes del Ejecutivo.
La implementación del estado de conmoción exterior redefine el equilibrio de poder en el país y anticipa un periodo de intensa represión política y social, donde la duración y aplicación del decreto serán cruciales para entender el futuro de Venezuela y sus instituciones.