MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Superior de Bogotá ha decretado este jueves prisión provisional por corrupción para los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior Luis Fernando Velasco, en relación a un caso de compra de votos con recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Aunque la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario, el tribunal ha considerado “idónea, necesaria y proporcional” la medida de enviarles a prisión debido al peso de las pruebas presentadas, que apuntan a que ambos eran cabecillas de una trama para comprar el voto de los diputados en proyectos clave.
Imputados por asociación para delinquir, cohecho, e interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía sostiene que en 2023 habrían comprometido más de 612.000 millones de pesos colombianos (135 millones de euros) destinados para obras públicas a pagar posibles voluntades en el Congreso.
La acusación señala que pusieron en juego hasta 174 proyectos Instituto Nacional de Vías (Invías), que se encarga de la construcción y mantenimiento de carreteras y autopistas, y otros cinco más de la UNGRD.
MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Superior de Bogotá ha decretado este jueves prisión provisional por corrupción para los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior Luis Fernando Velasco, en relación a un caso de compra de votos con recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Aunque la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario, el tribunal ha considerado “idónea, necesaria y proporcional” la medida de enviarles a prisión debido al peso de las pruebas presentadas, que apuntan a que ambos eran cabecillas de una trama para comprar el voto de los diputados en proyectos clave.
Imputados por asociación para delinquir, cohecho, e interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía sostiene que en 2023 habrían comprometido más de 612.000 millones de pesos colombianos (135 millones de euros) destinados para obras públicas a pagar posibles voluntades en el Congreso.
La acusación señala que pusieron en juego hasta 174 proyectos Instituto Nacional de Vías (Invías), que se encarga de la construcción y mantenimiento de carreteras y autopistas, y otros cinco más de la UNGRD.