En una declaración que redefine el panorama energético y geopolítico de la región, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de “alta calidad” a territorio estadounidense. El mandatario detalló que el cargamento, actualmente bajo sanciones, será trasladado de inmediato mediante buques de almacenamiento hacia puertos norteamericanos.
A través de su plataforma Truth Social, Trump precisó que los recursos generados por la venta de este crudo no serán entregados directamente al país sudamericano, sino que estarán bajo su supervisión personal. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, sentenció, marcando una intervención sin precedentes en la gestión de los recursos naturales venezolanos.
Caracas rechaza tutela extranjera
La respuesta desde el Palacio de Miraflores no se hizo esperar. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez —quien asumió el cargo tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos el pasado fin de semana—, rechazó enfáticamente cualquier tipo de subordinación. En una alocución televisada, Rodríguez aseguró que “ningún agente externo” gobierna el país y que la soberanía nacional se mantiene intacta.+1
A pesar de la presión ejercida por Washington tras la operación militar que culminó con la detención de Maduro, Rodríguez envió una misiva formal a la Casa Blanca abogando por una relación de “respeto y equilibrio”. Sin embargo, el anuncio de Trump sobre el control de los ingresos petroleros contradice la narrativa de autonomía que intenta proyectar el gobierno interino venezolano ante el sector productivo local.
Impacto en el mercado energético
El movimiento ordenado por Trump ha sido interpretado por analistas como una estrategia para estabilizar los precios internos y ejercer un control absoluto sobre la infraestructura energética de la nación caribeña. Se estima que la transacción podría alcanzar un valor de 2,800 millones de dólares, considerando el precio actual del mercado.
Mientras las fuerzas estadounidenses mantienen una presencia estratégica tras los recientes bombardeos a instalaciones clave, la incertidumbre sobre quién administrará realmente la caja chica de la principal industria de Venezuela permanece en el centro del debate internacional.