MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, ha cancelado este viernes otras diez nuevas asociaciones y fundaciones, entre las que se incluye la Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables (UCSER).
El decreto publicado en el diario oficial ‘La Gaceta’ precisa que la universidad “abrió sedes no autorizadas”, “no cuenta con laboratorios para impartir clases prácticas” o no tiene “convenios para el desarrollo de las prácticas de formación profesional”.
La universidad, inscrita en mayo de 2022, también tiene “inconsistencias en la distribución de horas en las modalidades presencial y semipresencial” y no cumplió con “los procedimientos establecidos” en las graduaciones de sus distintos alumnos.
Asimismo, las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de la Asociación de Scouts de Nicaragua, inscrita en septiembre de 1995, por no informar sobre sus resultados financieros entre los años 2020 y 2022, así como por tener su junta directiva vencida desde 2020.
Ortega acudió junto con su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la celebración por el aniversario del centenario de los Scouts en 2017, junto con el presidente de la asociación, Jorge Katin, según ha recogido el diario ‘La Prensa’.
La cancelación también afecta a organizaciones religiosas, como la Asociación Fraternidad Misioneras del Fiat de María; la Asociación Ministerio Rey David; el Club Rotario de León; la Asociación de Iglesia Evangélica Luz en la Integración Social; la Fundación Profesora Ana Fernanda García Centro de Atención y Recreación para Adolescentes de Sutiaba y la Asociación Iglesia de la Doctrina Viva de Jesucristo Sala de Luz y Verdad.
Asimismo, de las diez ONG canceladas, dos han sido por motivos de “disolución voluntaria”, siendo el caso de la Fundación Centroamericana de Radionica y Radiestesia en la Medicina Integral y la Asociación de Ejecutivo de Recursos Humanos de Nicaragua.
La oposición política y organizaciones en defensa de los Derechos Humanos enmarcan estas cancelaciones del Gobierno de Ortega en la campaña represiva que comenzó tras las protestas antigubernamentales de 2018 y que ha afectado también a medios independientes, activistas y líderes religiosos.