(The Economist-MEXICO) El próximo 1 de junio, México se convertirá en el primer país del mundo donde todos los jueces de todos los niveles serán elegidos por voto popular. En esta primera etapa se renovarán 850 cargos judiciales federales, nueve asientos en la Suprema Corte, 22 plazas en tribunales superiores y miles en cortes locales. En 2027 se completará el proceso con el resto del sistema judicial.
La medida, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora Claudia Sheinbaum, fue aprobada en septiembre de 2023 por el Congreso. Morena, el partido oficialista, argumenta que esta reforma hará al Poder Judicial más democrático, reducirá la corrupción y garantizará el acceso a la justicia.
Sin embargo, especialistas advierten que poner a jueces a competir por votos los hace vulnerables a presiones políticas y del crimen organizado. Julio Ríos, politólogo del ITAM, sostiene que “elegir jueces es una mala idea, punto final”, y que el sistema expone al poder judicial a intereses populistas y económicos.
El proceso de selección ha sido criticado por su falta de rigor. En apenas seis semanas, tres comités revisaron 24,000 postulantes con entrevistas de pocos minutos. Morena admite que algunos candidatos con vínculos criminales han llegado a las boletas.
La Corte Suprema, blanco frecuente de críticas de AMLO, ha sido parte del trasfondo político. Solo tres de los once jueces actuales se presentarán a la reelección. Desde junio, casos complejos podrían ser resueltos por personas sin experiencia judicial previa.
Pese a los riesgos, la reforma avanza. Y con ella, la influencia de Morena sobre el poder judicial.
