El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado este viernes a la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde deberá cumplir cinco meses de detención preventiva, en el marco de una investigación por presunta corrupción vinculada al manejo de recursos públicos destinados a proyectos indígenas. La medida fue dispuesta por un juez anticorrupción, tras una audiencia cautelar que se extendió por más de seis horas.
La decisión judicial marca un punto de inflexión en el escenario político boliviano y reaviva el debate sobre la judicialización de la política, la lucha contra la corrupción y las tensiones entre el actual Gobierno y figuras del anterior oficialismo.
Traslado al penal de San Pedro bajo fuerte resguardo
El exmandatario (2020-2025) fue trasladado desde las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) hasta el histórico penal paceño en un operativo con estricto resguardo policial. El convoy se movilizó por calles cercanas al centro histórico de La Paz, en un vehículo con lunas polarizadas, ante la presencia de medios de comunicación y efectivos de seguridad.
Al ingresar al recinto penitenciario, Luis Arce se dirigió brevemente a la prensa. “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”, declaró, reafirmando su posición frente a las acusaciones que pesan en su contra.
Decisión judicial y fundamentos de la detención preventiva
La orden de detención fue emitida por el juez anticorrupción Mario Helmer Laura, quien determinó que Arce deberá afrontar el proceso penal bajo la medida más severa de coerción personal. Según explicó el magistrado, la decisión se sustenta en la persistencia del riesgo de obstaculización de la investigación, pese a que el exjefe de Estado presentó documentos que acreditan arraigo laboral y domicilio fijo en La Paz.
El juez precisó que el exmandatario podrá solicitar permisos judiciales por razones médicas y que la Dirección de Régimen Penitenciario deberá garantizar su integridad física, disponiendo su permanencia en un espacio diferenciado del resto de la población sentenciada.
Investigación por el Fondo de Desarrollo Indígena
El caso que involucra a Luis Arce se remonta a su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019). El Ministerio Público lo imputó por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).
De acuerdo con la Fiscalía, durante ese periodo se autorizaron desembolsos de recursos públicos para proyectos que no fueron ejecutados o que se realizaron de manera parcial. Las investigaciones apuntan a que más de 3.500 proyectos fueron financiados con fondos del Estado, de los cuales menos de la mitad habría sido concluida.
Además, el Ministerio Público sostiene que se detectaron transferencias de dinero a cuentas personales de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas, lo que configuraría un presunto perjuicio económico al Estado boliviano.
La defensa de Arce y su versión de los hechos
Durante la audiencia cautelar, Luis Arce se declaró “absolutamente inocente” y rechazó cualquier responsabilidad directa en los hechos investigados. Argumentó que, como ministro de Economía, no formó parte del directorio del Fondioc, sino que designó mediante resoluciones a un representante de su cartera.
Según explicó, dicho directorio estaba conformado también por delegados de otros ministerios e instituciones públicas, por lo que las decisiones no recaían de manera exclusiva en el Ministerio de Economía. En ese sentido, sostuvo que las acusaciones en su contra carecen de sustento jurídico y responden a una interpretación política de su rol administrativo.
Acusaciones de persecución política
El exmandatario fue enfático al señalar que su detención responde a motivos políticos. Durante su intervención ante el juez, afirmó que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz estaría utilizando su caso como parte de una estrategia para “buscar chivos expiatorios” y desviar la atención de los problemas que enfrenta actualmente el país.
Arce también calificó su aprehensión como ilegal y relató que el día de su detención fue interceptado por personas encapuchadas en una zona céntrica de La Paz, trasladado en dos vehículos distintos y que, pese a exigirla, no se le mostró inicialmente la orden judicial que autorizaba su captura.
Contexto político tras su salida del poder
Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Luis Arce había retomado su actividad académica como docente de economía en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que mantuvo incluso durante su gestión presidencial. Su detención, pocas semanas después de dejar el cargo, ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y académico.
Sectores afines al exmandatario consideran que el proceso es una muestra de persecución judicial, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una acción necesaria para combatir la corrupción y garantizar que todos los funcionarios, sin distinción de cargo, rindan cuentas ante la justicia.
Repercusiones y escenario abierto
La prisión preventiva de Luis Arce tiene un fuerte impacto en la política boliviana y podría influir en el reordenamiento de fuerzas dentro del oficialismo y la oposición. Analistas advierten que el caso podría tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y los sectores vinculados al anterior Gobierno de Evo Morales.
En los próximos meses, la atención estará puesta en el avance de la investigación fiscal, las eventuales apelaciones de la defensa y la capacidad del sistema judicial boliviano para conducir un proceso transparente, en un contexto marcado por la polarización política.
Por ahora, el expresidente permanecerá en el penal de San Pedro mientras se desarrollan las diligencias del caso, insistiendo en su inocencia y denunciando lo que considera una instrumentalización política de la justicia.