MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado este viernes el recurso del Gobierno de Venezuela para tratar de archivar las investigaciones por posibles crímenes contra la humanidad, por lo que la Fiscalía de dicha corte, encabezada por Karim Khan, seguirá examinando los presuntos abusos cometidos en el país latinoamericano a raíz de las movilizaciones opositoras de 2014.
La oposición venezolana ha reclamado en reiteradas ocasiones la intervención del TPI y en septiembre de 2018 un grupo de países –Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú– remitieron una solicitud formal que derivó en noviembre de 2021 en la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro ha alegado a lo largo del procedimiento que no se han producido abusos generalizados y ya hay investigaciones en marcha en Venezuela, tesis a las que se ha seguido agarrando tras la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de dar luz verde final a las pesquisas en junio de 2023.
Ahora, la Sala de Apelaciones ha rechazado el último de estos recursos, después de examinar los argumentos expuestos por las partes en noviembre. Incide, entre otras cuestiones, en que Venezuela no ha incorporado a su Código Penal el reconocimiento explícito de los crímenes contra la humanidad.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que teóricamente debe someterse a la soberanía del tribunal con sede en La Haya.
RECHAZO DEL GOBIERNO VENEZOLANO
El Ministerio de Exteriores venezolano ha expresado su “desacuerdo” con la resolución de este viernes, ya que considera que el proceso “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos”, a partir de “supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
“Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la Constitución”, ha esgrimido el departamento que dirige Yván Gil.
Venezuela se ofrece a investigar y juzgar cualquier posible abuso y a colaborar con los investigadores del TPI, por lo que considera que “no es necesario ni apropiado que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”. Se reserva, asimismo, el derecho de recurrir a “todas las acciones disponibles” para “revertir con la verdad” este tipo de decisiones.
El Gobierno de Maduro ha cuestionado también que el TPI dedique tiempo y parte de sus “escasos recursos” a seguir con una causa que “mina su credibilidad” mientras “el mundo observa con horror como el pueblo palestino es víctima de un cruento genocidio ante la inacción de la burocracia internacional llamado a impedirlo o detenerlo”, en alusión a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.