MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Senado de Estados Unidos ha vuelto a posicionarse en contra de la Administración de Donald Trump y, este martes, por partida doble: tras la 13ª negativa de la Cámara Alta a la propuesta de ley de financiación necesaria para poder reabrir el Gobierno federal –que lleva todo el mes de octubre cerrado–, cinco senadores republicanos han votado junto a la bancada demócrata para poner fin a la emergencia declarada por la Casa Blanca para imponer aranceles a Brasil.
La primera decisión ha sido la referida al cierre gubernamental, que el grupo republicano no ha alcanzado a revertir tras insistir en el texto aprobado por la Cámara de Representantes, que ha vuelto a no alcanzar el umbral necesario de 60 votos a favor. En su lugar, ha sumado 54, pese al apoyo de los demócratas John Fetterman y Catherine Cortez Masto y del independiente Angus King, mientras que se han registrado 45 votos en sentido contrario.
En el centro del estancamiento en el Senado sigue estando la prórroga de los subsidios de seguros médicos que solicitan los senadores demócratas para facilitar la reapertura del Gobierno.
“Los estadounidenses están al borde de una crisis sanitaria sin precedentes en nuestras vidas”, ha declarado el líder del grupo demócrata en la cámara, Chuck Schumer, quien ha lamentado que “los republicanos ni siquiera quieren hablar de cómo solucionar el sistema de salud”, según ha recogido el portal de noticias The Hill.
No obstante, su contraparte republicana, el senador John Thune, ha reiterado que los líderes republicanos solo abordarán el asunto una vez que los demócratas aprueben la propuesta de financiamento federal necesaria para poner fin al que es ya el segundo cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos y se sitúa a una semana exacta de alcanzar el récord de 35 días entre 2018 y 2019, protagonizado por la solicitud de Trump de fondos para la construcción del muro en la frontera con México durante su primer mandato en la Casa Blanca.
Mientras tanto, las ayudas vinculadas al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) comenzarán a expirar también el 1 de noviembre, los aeropuertos de todo el país están experimentando más retrasos debido a la sobrecarga de los controladores aéreos y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió durante el fin de semana que el Gobierno no tendría fondos suficientes para cubrir los salarios del servicio militar a partir del 15 de noviembre.
5 REPUBLICANOS APOYAN EL FIN DE LOS ARANCELES A BRASIL
Un poco más tarde de que se haya certificado la continuación del cierre, el Senado ha aprobado una resolución que pondría fin a la autorización de emergencia declarada por Trump para poder imponer aranceles elevados a Brasil.
La decisión, aprobada por 52 votos a favor frente a 48 en contra, ha sido impulsada por los senadores Tim Kaine, demócrata, y Rand Paul, republicano. El texto, que tiene el objetivo de poner fin a los aranceles del 50 por ciento impuestos por Trump a las importaciones brasileñas –entre otras, café, petróleo y zumo de naranja–, ha contado con el apoyo de hasta cinco senadores republicanos: Mitch McConnnell, Thom Tillis, Susan Collins y Lisa Murkowski, además del propio Rand Paul.
McConnell, en particular, ha justificado su decisión en las dificultades presentadas por las citadas barreras comerciales al “mantenimiento de las cadenas de suministro que permiten a miles de habitantes de Kentucky (su estado) fabricar automóviles y electrodomésticos”. “Los aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses han trastocado los ingresos agrícolas de muchas de las casi 70.000 granjas familiares de Kentucky”, ha agregado.
Con todo, la aprobación de esta medida tiene un valor más simbólico que efectivo, ya que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson –republicano y estrecho aliado de Trump–, puede, sencillamente, no someter el texto a votación. Adicionalmente, aun en el caso de que fuese votado y aprobado, el inquilino de la Casa Blanca podría imponer el veto presidencial.
Estados Unidos anunció a finales del mes de julio la implementación de un arancel adicional del 40% sobre los productos brasileños importados, hasta una tasa total del 50%, para “enfrentar las recientes políticas” del Gobierno de Lula. En concreto, la medida se impuso en represalia al procesamiento “por motivos políticos” del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien fue condenado a más de 27 años de prisión por su rol en el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.