MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) –
Las autoridades de Ecuador han solicitado a la Embajada mexicana en Quito que las fuerzas de seguridad ingresen en la sede diplomática y poder cumplir con la orden de detención contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas dispuesta por el Tribunal Nacional de Justicia.
El Ministerio de Exteriores ecuatoriano remitió en la víspera una misiva a la Embajada mexicana, recogida este viernes por la prensa local, en la que señalan que esta solicitud se produce a instancias del Ministerio del Interior.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana solicita el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden, que dependen del Ministerio del Interior, ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura del señor Jorge David Glas”, reza el escrito.
La carta además hace referencia a las conversaciones mantenidas durante el pasado mes de diciembre entre la diplomacia ecuatoriana y la Embajada de México, donde las autoridades de Ecuador dieron a conocer “la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado”.
Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha criticado las maniobras del actual gobierno para sacar de las instalaciones diplomáticas mexicanas a quien fue su vicepresidente durante su segundo mandato.
Así, ha señalado que Exteriores ha creído que el presidente mexicano, Andrés López Obrador, es el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno, a quien ha tildado de “traidor a la patria”, recordando cómo permitió la entrada a la Policía británica a la Embajada de Ecuador en Londres detener al fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Glas permanece desde mediados de diciembre alojado en la Embajada mexicana en Quito, a donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La misión diplomática lo acogió como huésped y sus abogados ya han informado de que han entregado la solicitud formal para el pedido de asilo político y refugio.
Esta maniobra del que fuera vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018 durante los mandatos de Rafael Correa y Lenín Moreno se produce después de que la Policía Nacional ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversaciones de caudales públicos en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.
La provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador, fue escenario de un terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2016. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de más de 670 personas y miles de heridos.