MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) –
El adolescente de 15 años que realizó los disparos que terminaron costándole la vida al senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe ha sido condenado este miércoles a siete años de reclusión, después de que durante el proceso previo admitiese su participación directa en el ataque.
El juicio ha corrido a cago del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), un régimen especial concebido para menores y que implica castigos más leves que los contemplados para adultos. Según la Fiscalía, “el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”.
LEER: La Fiscalía de Colombia imputa al adolescente de 15 años que disparó al senador Miguel Uribe
El joven ya había aceptado el 4 de agosto los delitos de homicidio en grado de tentativa y el porte de armas de fuego, siete días antes de que Uribe muriese por los disparos recibidos durante un mitin electoral en Bogotá el 7 de junio, por lo que no se habría tenido en cuenta este fallecimiento para el dictamen final.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, ha afirmado en redes sociales que los siete años de reclusión es “una de las sanciones más altas” contempladas dentro de la Ley de Infancia y Adolescencia, aunque ha cuestionado el resultado.
“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, ha lamentado. Se trata en cualquier caso de un dictamen emitido en primera instancia y sobre el que cabe recurso.
CONTRATADO COMO SICARIO
La Fiscalía ha explicado que, durante las investigaciones, se pudo confirmar que el joven fue “contactado y convencido” para ejecutar el ataque. Así, quienes le contrataron le citaron para entregarle una pistola Glock de 9 milímetros con la que acudió al parque donde Uribe participaba en un acto.
Cuando intentaba huir del lugar de los hechos, fue interceptado por el equipo de seguridad del senador y quedó a disposición de las autoridades, que no dan por cerrado el caso a la espera de localizar y detener a todos los intermediarios y a los autores intelectuales de un crimen que ha sacudido a la política y a la sociedad colombianas.
